Transparencia y justicia

PABLO DA SILVEIRA

El Consejo de Educación Secundaria acaba de presentar su Monitor Educativo, un instrumento informático que acumulará información sobre algunas de las principales variables de la vida educativa (repetición, promociones, deserción, extraedad) y permitirá realizar comparaciones entre establecimientos.

La creación de este instrumento es sin duda una buena noticia. Contar con información confiable en tiempo oportuno es una condición para la rendición de cuentas y para poder tomar medidas correctivas. Pero la mala noticia es que el acceso a esa información será muy restringido. Sólo algunos jerarcas de ANEP podrán tener pleno acceso, y en ningún caso se harán públicos datos sobre el funcionamiento o los logros de establecimientos específicos.

Hasta cierto punto esta restricción viene impuesta por la nueva Ley de Educación, cuyo artículo 116 prohíbe difundir esta clase de datos. Eso ya es suficientemente malo. Pero, además, desde la propia ANEP se afirma que este racionamiento de información es una buena política. El consejero de Secundaria Martín Pasturino, a quién corresponde todo el mérito técnico y político del desarrollo del Monitor, declaró en estos días que "no se puede decir que en un liceo el 40 por ciento de los alumnos pierde el año, porque al otro día los padres sacan a los alumnos".

La preocupación por no estigmatizar es comprensible y existe en todos los países que desarrollan buenas políticas educativas. Pero de allí no se sigue que se deba secuestrar información, sino más bien que el despliegue de datos debe ir acompañado de medidas de apoyo y estímulo.

Para percibir dónde está el problema, hay que empezar por entender que no existe una alternativa entre permitir o no permitir que circule la información. La información siempre circula. La única opción posible es entre una circulación democrática y una circulación aristocrática. Si los datos se hacen públicos, todos pueden acceder a ellos. Si se esconden, sólo pueden acceder quienes son parte del sistema o están bien relacionados.

En este país hay opiniones muy consolidadas sobre los institutos que andan mejor y los que andan peor. Incluso hay opiniones consolidadas sobre la calidad de los diferentes turnos de un mismo instituto. Esta información es objeto de consultas a la hora de las inscripciones. Pero esas consultas sólo pueden ser realizadas por quienes pueden recurrir al tío que es amigo de un alto funcionario de ANEP o a la ex compañera de estudios que es directora o inspectora escolar. El resto de los uruguayos debe navegar a ciegas.

Lo mismo ocurre con los impactos negativos. Si un establecimiento anda mal, no existe la opción de que no haya costos. Lo único que podemos decidir es quién va a pagarlos. Si la información se difunde, los costos los pagarán los docentes y responsables del instituto, que deberán hacer un esfuerzo por mejorar la situación o se quedarán sin alumnos. Si la información sobre malos resultados no se hace pública, los costos los pagarán muchos padres que confían en que el Estado les está proporcionando una buena educación a sus hijos, cuando en realidad los está perjudicando.