Los ministros de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) resolvieron ayer iniciar una investigación administrativa con motivo de la "filtración" de información en un juzgado penal de Maldonado, hecho que fue denunciado por un magistrado de Montevideo.
La indagatoria administrativa, que será llevada a cabo por el ministro del Tribunal de Apelaciones Penal de 1° Turno, Ángel Cal, abarcará a los jueces de Maldonado Gabriel Ohanian y Adriana Graziuso, y al magistrado de Montevideo Federico Álvarez Petraglia, informó el presidente de la SCJ, Jorge Chediak.
Álvarez Petraglia denunció el mes pasado ante la Corporación y ante un juzgado especializado en crimen organizado que desde el juzgado de Ohanian se filtró información relativa a la situación procesal de una empresaria inmobiliaria de Punta del Este que había oficiado como "colaboradora" en el marco de la investigación por lavado de activos y que en noviembre de 2009 derivó en el procesamiento con prisión del abogado Carlos Curbelo Tammaro.
Álvarez Petraglia sostuvo que divulgando información sobre la mujer, se buscó "desacreditarla" ante la opinión pública. Ante eso, Ohanian presentó un escrito ante los ministros de la SCJ pidiendo que se investigara su presunta responsabilidad en el hecho denunciado por su colega.
El objetivo de la investigación administrativa será establecer las causas de la eventual irregularidad, a la vez que determinar las causas de la "tirantez" existente entre los tres magistrados, explicó Chediak a El País.
Si bien la polémica generada involucra a Álvarez Petraglia y Ohanian, la Corporación decidió que también se investigue administrativamente la actuación de Graziuso, señaló el presidente de la SCJ.
La "colaboradora" que declaró contra Curbelo Tammaro, fue enviada a prisión por Ohanian ya que alquiló dos inmuebles pero no entregó el dinero a sus dueños.
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