Menores y delincuencia

Uno de los temas que acompañó casi todo el período anterior y que la actual mayoría de gobierno debe asumir como propio, significa incluir en su agenda de trabajo, convocando para ello a representantes de todos los partidos políticos y de organizaciones especializadas, para solucionar una sostenida falta de seguridad colectiva que ha contado con la creciente participación de menores en los campos del delito, sin desconocer la singular violencia con que la llevan a cabo.

Las páginas policiales de los diarios y los informativos de televisión, junto al testimonio que dejan en muchos casos la grabaciones que registran los hechos y el relato formulado por los damnificados, ponen de manifiesto que el tema ha desbordado una realidad. Que hay es necesario afrontar de manera urgente para evitar su difusión y salvar lo que se pueda, aun contra su voluntad, de una generación que está ocupando un lugar protagónico en áreas que parecían reservadas a los adultos. En este caso lo que está en juego, tanto o más que la seguridad de la población, es el rescate del futuro de un país que si no se realiza a tiempo, va a terminar identificado con formas de convivencia contrarias a una sociedad civilizada y anulando todas las propuestas de mejoramiento que se formulen.

No es necesario hacer una búsqueda intensa de antecedentes para observar la sucesión de numerosos hechos de violencia que contaron con la participación de menores, debiendo destacarse la aparición de una banda armada dirigida por un menor de 13 años. Sí, sólo 13 años y ya se había erigido en el cabecilla de un grupo. A la precocidad delictiva hay que agregarle otra realidad que indica que el accionar individual está siendo sustituido por una nueva forma de acción a través de un movimiento colectivo de peligrosas consecuencias. Y en ello se encuadra la posterior ola de homicidios en Villa Española en la cual resultaron involucrados un adolescente de 16 años que murió apuñalado, siendo también menor de edad el agresor, a los que siguieron dos crímenes callejeros cometidos por jóvenes en la noche del miércoles y la madrugada del jueves en la misma zona.

Hay que reconocer que más allá de la buena voluntad del personal que tiene a su cargo la atención de los menores infractores y de los propósitos de las autoridades del INAU, la realidad ha desbordado sus posibilidades correctivas.

Si bien se han registrado casos de recuperación, ellos no pueden disimular las numerosas fugas, los copamientos, los motines y los episodios de extorsión que se registran, de donde surge el verdadero rostro de un fenómeno que no ha logrado atenuarse en sus causas u orígenes sino que se ha acentuado en sus consecuencias.

Se trata de un problema que debe asumir no sólo el gobierno o la administración de turno sino de un problema de carácter nacional en el que todos deben contribuir con el aporte de sus ideas y en torno al cual pueden encontrarse propuestas domésticas o extranjeras que deben analizarse para adecuarlas a la situación en que se encuentra actualmente. Porque el auge del delito y la creciente participación de menores tiene como escenario otras partes del mundo y allí se estudian y aplican correcciones.

Las soluciones que en su momento aportaran el viejo Código del Niño, durante más de setenta años y el Código de la Niñez y la Adolescencia, desde el año 2004, más una legislación penal que ha sido superada por el tiempo, sin encontrar consensos sobre los límites de imputabilidad, reclaman una nueva y más prolija atención para adoptar los correctivos, en la que deben comprometerse padres y educadores procurando un más alto y mejor nivel de asistencia.

Hay que recuperar por lo tanto, la posibilidad de transitar sin temor por las calles y el entorno, prerrogativa de la cual dispusieron en nuestro país los mayores hasta no hace mucho tiempo y que hoy se continúa reduciendo a los habitantes de las distintos barrios y ciudades.