En los próximos meses, la Suprema Corte de Justicia (SCJ) deberá resolver si la Ley de Caducidad es inconstitucional, aplicada a dos causas que indagan violaciones a los derechos humanos durante la dictadura. Se trata del caso conocido como los "fusilados de Soca" y el secuestro y apropiación de identidad de Amaral García.
La fiscal penal Ana María Tellechea, que interviene en ambos expedientes, presentó los recursos ante la SCJ buscando que el máximo órgano del Poder Judicial declare la inconstitucionalidad de la norma en esos casos, y así proceder a juzgar a casi 30 ex militares y policías que aparecen involucrados.
Los escritos presentados por Tellechea señalan que la Ley de Caducidad "violenta el principio de Separación de Poderes" y también cuestiona el contexto político en el que fue aprobada.
Cita algunos de los argumentos utilizados por la propia Corte que en octubre de 2009 declaró inconstitucional la Ley de Caducidad aplicada al caso de la muerte de la militante comunista Nibia Sabalsagaray, según informó ayer el diario La República.
El expediente referido al caso de los "fusilados de Soca" investiga la muerte de cinco opositores de la dictadura que, tras haber sido detenidos en Argentina, fueron asesinados el 19 de diciembre de 1974. Entre los fallecidos se encontraban los padres de Amaral García, a quien se le sustrajo su identidad durante más de diez años, caso que se indaga de forma conexa.
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