Trasladarán a unos 1.000 reclusos

EDUARDO BARRENECHE

A partir de ayer, el Ministerio del Interior puso en marcha un plan para disminuir el hacinamiento carcelario. Trasladará unos 1.000 reclusos, habrá nuevas cárceles y ampliarán la capacidad del Comcar y Libertad.

A las 11 de la mañana de la víspera, una veintena de soldados y un perro se subieron a tres camiones del Ejército y partieron en forma definitiva del ex penal de Punta de Rieles con destino al Instituto Militar de las Armas y Especialidades, ubicado en Camino Maldonado a la altura del kilómetro 14.

Minutos más tarde, las escribanas de los ministerios de Defensa e Interior firmaron el traspaso del predio de Punta de Rieles de 15 hectáreas a la Policía. Poco después, llegaron 50 agentes de la Dirección de Cárceles a ocupar el establecimiento que, hasta el momento, funcionaba como escuela para suboficiales militares, el liceo "Extraedad" y depósito. Esas reparticiones ahora están en el Instituto Militar de las Armas.

Durante la dictadura militar (1973-1985) Punta de Rieles fue utilizado como cárcel para mujeres detenidas por motivos políticos.

En marzo de 2009, el entonces presidente Tabaré Vázquez reiteró una orden a la ministra del Interior, Daisy Tourné, para que dicha cartera adoptara medidas a fin de descongestionar las cárceles, tras conocer el informe primario del relator de la ONU para la tortura, Manfred Nowak, muy crítico con el sistema penitenciario uruguayo.

El pasaje del predio de Punta de Rieles al Ministerio del Interior se dilató por problemas burocráticos, indicó una fuente del gobierno.

Si este se concretaba, las obras no comenzarían rápidamente porque la Dirección de Cárceles había agotado su asignación presupuestal en 2009, dijo un jerarca del Ministerio del Interior.

PERFIL. Una recorrida por el ex penal de Punta de Rieles muestra un edificio de dos plantas donde se dictaban clases y varios barracones destinados a alojamientos de la tropa.

Se percibe que el estado de los edificios no demandará demasiados gastos para transformar el predio en un penal para 500 presos de baja peligrosidad como pretende el Ministerio del Interior.

El jefe de Relaciones Públicas del Ejército, Julio Mikac, expresó que las instalaciones estaban operativas hace una semana atrás.

Por su parte el subdirector de la Dirección de Cárceles, Enrique Colman, dijo a El País que la remodelación de Punta de Rieles costará US$ 80.000 y las obras de construcción de celdas finalizarán en 120 días.

"A los 121 días comenzará el traslado de los presos. La capacidad del penal alcanzará a unos 800 reclusos", señaló el jerarca policial.

Colman dijo también que a la Unidad Penitenciaria de Punta de Rieles -así se denominará la cárcel- solo llegarán internos condenados, con más de la mitad de la pena cumplida y con salidas transitorias.

Los presos deberán contar con un historial de buena conducta, el cual fue avalado por técnicos del Instituto Nacional de Criminología (Inacri) hace un año. Además de no tener causas pendientes, los reclusos que serán trasladados a Punta de Rieles poseen baja conflictividad, señaló Colman.

Dijo que el pasaje de presos condenados tiene como objetivo atender recomendaciones de Naciones Unidas de separar a este tipo de reclusos de los procesados. "Antes del arribo a Uruguay del relator de ese organismo (Manfred Nowak) ya teníamos planificada esa separación" de internos, dijo Colman.

La mayoría de los presos que serán alojados en Punta de Rieles provendrán del Comcar. Otros de La Tablada.

En este momento, 3.000 reclusos se encuentran alojados en el Complejo Carcelario (Comcar) de Santiago Vázquez.

El último informe del comisionado parlamentario Álvaro Garcé de agosto del año pasado señala que el Comcar cuenta con 1.650 plazas. Es decir, que el hacinamiento allí existente es de un 100%.

El miércoles 3 se reunió por primera vez el Gabinete de Seguridad tras la asunción del presidente José Mujica. Los ministros Eduardo Bonomi (Interior), Luis Almagro (Relaciones Exteriores), Luis Rosadilla (Defensa) y el prosecretario Diego Cánepa discutieron allí la situación del sistema carcelario, que aloja más de 9.000 presos.

Tras finalizar la reunión, Rosadilla informó que el Gabinete de Seguridad había decidido "algunas medidas extraordinarias, urgentes, para tomar en los próximos días".

Una de ellas es el traspaso de Punta de Rieles del Ministerio de Defensa al de Interior para acondicionarlo como cárcel a fin de disminuir la presión en el Comcar, dijo Colman.

Otra será el pasaje al Centro Nacional de Reclusión (ex hospital Musto) de todas las reclusas alojadas actualmente en la cárcel de Cabildo, unas 400. En breve, la Dirección de Cárceles inaugurará un centro para alojar a presas con hijos, el cual funcionará en el Paso Molino en un predio de un ex motel.

Según Colman, las obras de ampliación del Comcar y del Penal de Libertad marchan a "gran velocidad", lo cual reducirá el hacinamiento en esos establecimientos.

Además, el jerarca policial indicó que el Ministerio del Interior "diseña aceleradamente" nuevas cárceles que estarán ubicadas en todo el país.

En este momento, el sistema penitenciario necesita, por lo menos, unas 4.000 plazas más para poder superar el hacinamiento carcelario denunciado por el relator Nowak y organizaciones sociales, expresó.

Según Colman, dicha cartera le pidió al Comando de Cárceles una proyección para cinco años de la población carcelaria. Agregó que, en el área metropolitana, el actual crecimiento de la cantidad de personas reclusas es de unos 800 presos anuales. El fenómeno, dijo, se debe a una legislación que carece de medidas alternativas a la prisión.

Obras: La Dirección de Cárceles estima que demandarán cuatro meses.

Policía: Nuevo penal en Punta de Rieles contará con la custodia de unos 150 guardias.

Círculo: rechazan gerentes civiles

El Círculo Policial solicitó al gobierno que derogue un decreto firmado ocho días antes del cambio de mando por Rodolfo Nin Novoa como presidente interino. Dicha resolución creó siete gerencias en el Ministerio del Interior que serán ocupadas por civiles, los cuales poseen facultades para sancionar a policías.

Esas gerencias, que operarán como asesores del ministro del Interior, Eduardo Bonomi, se encargarán de áreas como, entre otras, informática, laboral y de procedimientos policiales. "Esa resolución rompe la cadena de mando. Los policías se rigen por una disciplina establecida en un reglamento", dijo una fuente del Círculo Policial.