ANDRÉS LÓPEZ REILLY
La Intendencia de Colonia inició una investigación administrativa para saber por qué sus funcionarios empadronaron vehículos de conductores que no tienen una residencia en ese departamento, informó a El País el intendente Alfredo Martínez.
Todos los automóviles con chapa de Colonia que hoy son detenidos por los inspectores de Montevideo justificaron una residencia en ese departamento, que, en muchos casos, no poseen. El nuevo intendente Alfredo Martínez inició una investigación administrativa para saber por qué sus funcionarios dieron por buena la documentación que permitió esos empadronamientos, y que en muchos casos cuenta con el respaldo de un escribano.
Si bien la investigación administrativa no involucra a personas, sino a una situación que se presume irregular, una vez que se determinen los hechos, se podría accionar directamente contra los funcionarios implicados en los trámites; e incluso contra los profesionales que avalaron la documentación presentada por los contribuyentes que no tienen residencia en Colonia.
Luego de hacer una conferencia de prensa en su departamento, en la que cuestionó duramente la gestión de su antecesor Walter Zimmer (ver B5), el intendente Martínez partió hacia Montevideo para encontrarse con su par, Hyara Rodríguez, con quien estuvo reunido por espacio de una hora en su despacho del segundo piso del Palacio Municipal.
AMIGOS. El intendente coloniense le reiteró su respaldo a la fiscalización de los empadronamientos que se viene haciendo en la capital y sostuvo que su intención es "defender los intereses de los contribuyentes" de ambos departamentos.
Este respaldo fue muy bien recibido por Montevideo, puesto que las multas que se apliquen en la capital, a los automovilistas empadronados en Colonia, deben ser enviadas por esta última intendencia. "Estamos tratando de tomar el tema con la seriedad que se merece", sentenció Martínez, quien prefirió evitar referirse a la posibilidad de que la ley de empadronamientos sea declarada inconstitucional por la Suprema Corte de Justicia, ante un recurso presentado por su intendencia el año pasado.
"Vamos a trabajar en base a la norma y a colaborar con todas las intendencias. Los aspectos de trabajo de las intendencias entre sí ya han sido discutidos durante mucho tiempo por el Congreso de Intendentes", añadió el coloniense.
Inmediatamente, la flamante intendenta de Montevideo dijo que "se trata de corregir este gran lío en el que se nos metió con determinadas actitudes, que lastimó al Congreso de Intendentes y a los contribuyentes de las intendencias que se vieron afectadas".
Rodríguez reconoció que por las diferencias que los separaban, no podría haber tenido un encuentro con Zimmer como el que mantuvo ayer con Martínez.
"Teníamos la obligación de sentarnos a conversar a ver si podíamos solucionar este tema", dijo la intendenta de Montevideo.
DISTANTES. El licenciado Alfredo Martínez (38) fue secretario general y hombre de confianza del ex intendente Walter Zimmer, quien abandonó su cargo para postularse a un nuevo período de gobierno.
Luego de asumir en 2005, Martínez comenzó a tener discrepancias con su jefe, que en 2006 lo destituyó.
Martínez anticipó que en los 150 días que estará como intendente de Colonia, revisará toda la actuación de la administración Zimmer, uno de los más acérrimos opositores a la ley de empadronamientos, condición que terminó por distanciarlo del Congreso de Intendentes.
Una de las primeras medidas que adoptó el nuevo intendente fue poner fin a las gestorías que colocaban chapas de Colonia en Montevideo.
"Soy el primer funcionario municipal de Colonia que tiene la obligación de respetar la ley. Voy a trabajar para defender a mis contribuyentes. Y en eso estamos", dijo el intendente.
Martínez: "Mi intención es defender derechos de contribuyentes de ambos departamentos"
"Pésimo mensaje"
El edil Roberto Calvo, afín al sector del ex intendente Zimmer, dijo ayer que la colaboración de Alfredo Martínez con Montevideo "es un pésimo mensaje político". El edil valoró negativamente la posición del actual intendente, que coloca de rehén al contribuyente al ponerlo en la situación de tener que justificar su domicilio en Montevideo.
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