PABLO MELÉNDREZ
"Yo no la maté". Con esa frase, casi de desahogo, terminó el interrogatorio judicial al que fue sometido el general Miguel Dalmao, el primer militar en actividad que declara como indagado en un caso por violaciones a los derechos humanos durante la dictadura. El oficial compareció ayer en la causa que indaga la muerte de la militante de la Unión de Juventud Comunista (UJC) Nibia Sabalsagaray, en junio de 1974 en una unidad militar.
Dalmao, representado por los abogados Germán Amondarain y Graciela Figueredo, declaró durante poco más de dos horas ante el juez penal Rolando Vomero y la fiscal Mirtha Guianze, quienes buscan echar luz sobre las circunstancias en las que murió Sabalsagaray quien, según la versión oficial que deja serias dudas a la Justicia, se quitó la vida estando en su celda.
Al momento del hecho, el militar -que se encuentra en actividad y se desempeña como jefe de la División del Ejército IV con asiento Minas- tenía el grado de alférez y prestaba funciones en el Batallón de Transmisiones Nº 1 (hoy Batallón de Comunicaciones Nº 1) adonde había sido trasladada la militante de la UJC tras su detención.
Dalmao, que asistió al Juzgado vestido con un traje azul, sin usar su uniforme oficial, negó cualquier vinculación con la muerte de Sabalsagaray. En 2008 otros dos ex presos de esa unidad militar aseguraron ante el juez Vomero y la fiscal Guianze que escucharon decir a uno de los guardias que la joven militante de 24 años de edad había fallecido porque a Dalmao "se le fue la mano" al interrogarla.
INGRESO. El militar dijo ayer ante la Justicia que jamás tuvo contacto con Sabalsagaray, y que solamente vio su cuerpo en la celda cuando concurrió a verla para completar el formulario de su ingreso como detenida.
Dalmao afirmó, además, que no tuvo información sobre cómo ni cuándo fue detenida la militante comunista, según pudo saber a El País.
Tanto la fiscal Guianze como los abogados de la familia Sabalsagaray, Juan Errandonea y Rúben Waisrub, interrogaron a Dalmao respecto al funcionamiento interno de la unidad militar, aspecto sobre el que existen testimonios contradictorios de otros ex jerarcas castrenses, entre ellos, el ex jefe del Batallón, el general retirado José Chialanza.
Dalmao aseguró que en el recinto militar en el que estuvo recluida Sabalsagaray, los detenidos no eran interrogados. Además, declaró que a los reclusos no se los mantenía encapuchados.
Al finalizar el interrogatorio, el juez Vomero preguntó a Dalmao si deseaba agregar algo a su testimonio. En ese momento, aseguró: "Yo no la maté", a la vez que recordó que en 2005 cuando ascendió al grado de general, la venia fue votada por unanimidad en el Parlamento.
Antes de retirarse, Dalmao pretendió despedirse de los abogados denunciantes, quienes se negaron a saludarlo. "General, ni usted se cree lo que declaró", le respondieron Errandonea y Waisrub.
El juez Vomero y la fiscal Guianze interrogarán el 18 de marzo a un médico militar y un ex preso político, que aportarán su testimonio como testigo. En 2009, la Suprema Corte de Justicia declaró inconstitucional la Ley de Caducidad aplicada a este caso.
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