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Se están librando nuevas batallas en la guerra contra el tabaquismo emprendida por el gobierno que finalizó su gestión. Ese combate empezó con la prohibición de fumar en espacios cerrados de acceso público, pero prosiguió con abundantes campañas publicitarias y con aumentos en el precio de los cigarrillos, el último de los cuales se aplica desde el lunes. Dicha guerra extiende al territorio nacional las medidas antitabaquistas adoptadas anteriormente por otros países celosos de la salud de su población, reflejando las conclusiones a que se ha llegado desde hace años con respecto a las graves consecuencias del hábito de fumar y a su incidencia en algunas enfermedades mortales.
Nadie podrá negar que semejante lucha es razonable y hasta necesaria para enfrentar una costumbre popular cuyos riesgos se ignoraron y ocasionalmente se ocultaron. Bajo la severidad de la estrategia impuesta por las autoridades, corre la intención de despertar la conciencia de una población adicta y confrontarla con los aspectos más sombríos de una práctica que durante largo tiempo tuvo popularidad, aceptación y hasta prestigio.
Queda establecido entonces el beneficio irrefutable del combate, iniciado en defensa de la vida del prójimo, porque el peligro alcanza también a los fumadores pasivos, es decir a quienes rodean esa fuente de humo en el ámbito doméstico o en los lugares de reunión. En atención a ello, la guerra proseguirá con una proyectada campaña "contra el tabaquismo en los hogares", una iniciativa que se ejercerá mediante la "información y sensibilización en torno a ese riesgo", dado que según encuestas mundiales existe un 29% de la población expuesto al humo del cigarrillo en la intimidad de las casas.
Cabría en todo caso observar que alguna resolución adoptada en la materia -como el aumento del Imesi que deriva en la suba del precio de venta de los cigarrillos- es discriminatoria, ya que la sufren los sectores más pobres mientras resulta insignificante para fumadores con mayores ingresos. Pero sobre todo corresponde indicar que esa lucha tan comprometida en materia sanitaria, no está acompañada por un combate de similar energía en otros campos que también afectan a la salud de la población. Uno de ellos es la ascendente curva del alcoholismo entre los jóvenes, entendiendo que no basta con prohibir la venta de ciertas bebidas a los menores de edad, ya que también en ese tema sería bienvenida la vehemencia de alguna campaña destinada a sensibilizar a la gente sobre el múltiple daño del consumo de alcohol. Otro de esos terrenos es la incontenible difusión de las drogas, en particular en los sectores marginales aunque también en otras clases sociales, porque no se han dado campañas de amplitud comparable al devastador avance de ese vicio en el país.
Tampoco debería ignorarse el impacto ambiental provocado por las emanaciones de vehículos con motores sin ajustar, una nube irrespirable y ciertamente tóxica de la que sin embargo no se habla. Y en la lista de los factores insalubres tendría que figurar el trabajo de los niños y adolescentes con la basura, asunto escandaloso sobre el cual los gobernantes opinan pero no imponen controles efectivos ni medidas rigurosas. En todos los aspectos señalados también hay humo y hay peligros, sobre los cuales las autoridades no han desplegado batallas tan notorias ni persistentes como la del tabaco. Evidentemente, en esa guerra deberían abrirse otros frentes, una necesidad que no ignora las dificultades de intervenir en un medio social periférico donde el diálogo no es fácil y casi toda capacidad de persuasión puede naufragar. Pero la trascendencia de esas batallas es tan grande que el esfuerzo deberá cumplirse con tenacidad y a largo plazo, confiando en la utilidad futura de los emprendimientos. Por lo pronto, en las áreas del antitabaquismo se ha progresado desde la época -muy reciente, por cierto- en que toda celebridad empuñaba un cigarrillo, hasta una actualidad en que la gente no ignora el feo semblante que hay detrás del viejo y aromático ejercicio de fumar.










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