Políticas activas de empleo

JUAN CASTILLO*

En este momento transitan las primeras horas del segundo gobierno consecutivo de la izquierda. El hecho -de por sí histórico- se potencia si tenemos en cuenta que lo preside José Mujica, uno de los presos rehenes de la dictadura fascista. Es imposible hacer cualquier análisis obviando ese trascendente hecho.

Resulta lógico que tengamos una enorme expectativa en su gestión y en la posibilidad de que la justicia social, la redistribución de la riqueza y el nivel de vida de los uruguayos, mejoren aún más, avancen y profundicen los cambios comenzados por Tabaré Vázquez.

Tal vez el relacionamiento no tuvo un feliz inicio -al menos en nuestra opinión- porque más allá de la polémica o de quién tiene razón, debería primar siempre la búsqueda del diálogo (como intentamos), las respuestas a los planteos e inquietudes y la cabeza abierta a la crítica y autocrítica, ineludible en hombres públicos. Así actuamos, siempre. Y cuando damos por finalizado el debate, lo cumplimos.

Esperamos tener un gobierno sensible a demandas todavía insatisfechas, con orejas grandes para escuchar, a legislar en función de las grandes mayorías y no a los centros de poder económico, financiero o político. Capaz de seguir convocando a los principales actores y forjar el diálogo -y que las cámaras empresariales no rehuyan a ello- para sentar las bases definitivas de una nueva forma y normas de relaciones laborales modernas.

Procuraremos continuar mejorando el salario de los trabajadores, jubilados y pensionados. Tanto como haya crecido la economía y los niveles de producción. Demandaremos políticas activas de empleo, que atienda dos ejes esenciales: la calificación a partir del incentivo a la formación y capacitación y al empleo joven, incentivando a estudiar y prepararse mientras se generan y otorgan oportunidades a los muchachos con talento, que son los más.

Entendemos que resuelta esta trilogía, sumadas a la necesaria inversión productiva e incorporación tecnológica, reducirá en número importante el desempleo (de por sí bajo) y los niveles de pobreza y marginación.

El movimiento sindical colocará énfasis en la preparación de los criterios para una nueva ronda de los Consejos de Salarios; la elaboración de propuestas a la Ley de Presupuesto Quinquenal; mejorar las reformas estructurales que comenzaron el período anterior, tales como el sistema nacional de salud, reforma tributaria y educación; avanzar en una seguridad social solidaria y universal; insistir en la capacitación y formación, entre otras demandas.

Con seguridad, el tema derechos humanos o más claro, de verdad y justicia ante los casos protegidos por la Ley de Caducidad será un tema sensible que esperemos sepan resolver definitivamente para bien de la democracia, de la libertad y de las generaciones futuras.