PABLO DA SILVEIRA
Los cambios de gobierno suelen ser momentos de esperanza. Los ciudadanos seguimos siendo los mismos y otro tanto ocurre con la mayor parte de los dirigentes políticos, pero el acto de barajar y dar de nuevo abre oportunidades para superar bloqueos, desactivar conflictos y construir nuevos acuerdos. Nada asegura que esas oportunidades finalmente sean aprovechadas, pero es bueno que existan.
En este contexto: ¿podemos tener esperanza de que en los próximos años empecemos a superar el drama que vive nuestra enseñanza? Al igual que en otras áreas, la respuesta sólo puede ser matizada: existen datos alentadores, pero también motivos para la preocupación.
El principal dato alentador es la buena marcha de las conversaciones en el marco de la comisión multipartidaria sobre educación. El documento que se está elaborando parece tener unas cuantas virtudes. En primer lugar, y quizás por primera vez, todas las partes aceptan que nuestra enseñanza enfrenta problemas graves. Las comparaciones falsamente favorables y las apelaciones rituales al pasado glorioso, parecen haber dado lugar al reconocimiento de que no hay motivos para felicitarnos del estado actual de nuestra enseñanza. En segundo lugar, el documento parece acertar a la hora de fijar prioridades: la enseñanza secundaria surge con claridad como el gran incendio que debemos controlar. En tercer lugar, las líneas de acción propuestas pueden ayudar a bajar la deserción y a mejorar el clima de funcionamiento, aunque es menos claro que puedan contribuir a mejorar la calidad de los aprendizajes.
Sería posible ironizar sobre la eternidad que hemos demorado en llegar hasta aquí. El diagnóstico que hoy todos admiten estaba perfectamente claro hace más de una década, pero en aquel momento pocos estaban dispuestos a suscribirlo. Algunas de las propuestas que hoy generan unanimidades, como aumentar la autonomía de los centros, están sobre la mesa desde hace quince años y hasta hace poco generaban los rechazos más absurdos. Pero sería poco adecuado dedicarse ahora a pasar facturas. Lo importante es que, aunque haya sido con extrema lentitud, parecería que estamos logrando un alto grado de convergencia en los diagnósticos y en al menos parte de las propuestas.
Esa es la buena noticia. La mala es que este acuerdo se logra justo en el momento en el que llega a pleno régimen la aplicación de una Ley de Educación que tiende a fortalecer el corporativismo, a diluir responsabilidades ejecutivas y a hacer casi imposible la rendición de cuentas. La situación entorno a esa norma es curiosa, porque bastante más de la mitad del espectro político la rechaza pero todos han hecho lo necesario para consolidarla.
¿Qué ocurrirá en los próximos años? Si el documento que se está elaborando es algo más que puras palabras, entonces habrá condiciones para definir políticas más acertadas y vigorosas que las que hemos tenido hasta ahora. Pero, si las estructuras de incentivos y las restricciones institucionales tienen la mitad de la influencia que los expertos dicen que tienen, entonces nos toparemos contra un formidable obstáculo para lograr mejoras.
"El diagnóstico que hoy todos admiten estaba perfectamente claro hace más de una década".
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