ANDRÉS LÓPEZ REILLY
En los próximos días será presentado el primer recurso contra la Intendencia de Montevideo por parte de un conductor intimado. Pero pueden ser muchos más. En dos días de fiscalizaciones, los inspectores entregaron casi 500 notificaciones.
El recurso que promueven los abogados tributaristas Alberto Varela y Gianni Gutiérrez, del estudio Ferrere, recuerda que la ley de empadronamientos (18.456) "establece la obligación de las intendencias de proporcionarse gratuitamente entre ellas información sobre el domicilio de sus contribuyentes de patente de rodados (inciso final, art. 4)". Y que por ende, "es totalmente improcedente intimar a los contribuyentes para obtener información que las intendencias deben proporcionarse entre sí".
"Se trata de una petición administrativa que la Intendencia tiene la obligación de contestar. Y la multa no puede cobrarse hasta tanto la Justicia se expida", declaró Gutiérrez a El País. El abogado tributarista dijo que tiene un primer recurso para presentar ante la Intendencia de Montevideo, de una persona que tiene su vehículo matriculado en Colonia y que fue intimada el miércoles, durante el primer día de fiscalizaciones.
El escrito será enviado en los próximos días, dentro del plazo de 15 días hábiles que se le otorgó al conductor para regularizar su situación.
IMPOSICIÓN. Los expertos en Derecho Tributario señalan que al existir dos departamentos que reclaman el derecho a cobrar la patente de un vehículo, la Intendencia de Montevideo no puede imponer sanciones sin que la Justicia haya resuelto previamente quién tiene potestad tributaria sobre el contribuyente en cuestión.
"El contribuyente no es un infractor. El infractor es el que duplica una chapa, el que tiene una chapa falsa. Por lo tanto, no se puede aplicar la multa hasta tanto la Justicia dirima quien debe cobrar el tributo", destacó Gutiérrez.
En la petición administrativa redactada por los abogados del estudio Ferrere se recuerda incluso que la ley 18.456, en su artículo 7, prevé un contencioso entre intendencias para determinar cuál de ellas puede gravar con patente un vehículo.
Consultada ayer por El País, la directora de Acondicionamiento Urbano de la Intendencia -e intendenta a partir de hoy- Hyara Rodríguez, dijo que tiene conocimiento de los formularios de peticiones que están siendo "ofrecidos" a los ciudadanos "requeridos para que demuestren que cumplen con una ley", quienes -opinó- "no son damnificados".
Fiscalización "selectiva": otra polémica
El abogado Gianni Gutiérrez consideró incorrecta la intención de Canelones de hacer una "inspección selectiva", que apuntaría solamente a los casos ya detectados de automóviles mal empadronados. En Montevideo, aunque la fiscalización se viene haciendo de forma masiva, la Intendencia también tiene unos 400 casos detectados de personas que están matriculadas en el Interior sin tener residencia y que viven en barios como Pocitos, Villa Biarritz y Punta Carretas.
"No se puede iniciar un procedimiento contra alguien sin que esa persona se entere. Eso está solamente permitido en casos en los que interviene la Justicia, en temas de terrorismo o de lavado de dinero, por ejemplo. No se puede perseguir a alguien que no cometió ningún delito y ni siquiera una infracción", dijo el tributarista.
Según fuentes de la comuna canaria, hay casos "crónicos" de autos mal empadronados. Pero la ley sólo abarca a los matriculados a partir de 2008.
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