Seguridad e inseguridad

Media docena de enfurecidos revoltosos insultaron a gritos a los policías de un patrullero y luego atacaron el vehículo a pedradas. Eso ocurrió en el barrio 40 Semanas, cuando los agentes procuraban apresar a dos delincuentes que circulaban en una moto robada y que se habían refugiado en el lugar. En ese caso la policía logró finalmente su objetivo, pero ello no quita al incidente la gravedad que tuvo y tampoco permite olvidar la frecuencia con que se producen esas agresiones colectivas contra las fuerzas del orden. Algo está cambiando dramáticamente en este país, porque episodios similares también se registran en ciudades del interior que solían ser pacíficas, aunque Montevideo siga siendo el área donde tales hechos suceden habitualmente.

Situaciones de ese tipo no se generarían, si se mantuviera en pie una escala de valores que hasta hace poco tiempo impidió que las arremetidas de grupos marginales recayeran sobre los representantes de la autoridad. Pero esa barrera se desmoronó, como puede comprobarlo quien lea la crónica policial de los diarios o vea los informes que ofrecen en la materia los noticieros de televisión. El mayor peligro no consiste en que una delegación policial sufra el ataque de algunos vándalos, sino en que dicho sector violento haya perdido la noción de cómo debe actuarse en el marco de una sociedad organizada y la significación que asume su conducta ante la opinión pública y ante la ley. Se están separando las aguas entre quienes integran esa sociedad y quienes la agreden desde unos bordes cada día más amenazantes.

En Montevideo y alrededores ya hay supermercados, estaciones de servicio o panaderías que han sido asaltadas dos veces en el curso de una semana y siete u ocho veces en el correr de un año. Pero a esas cifras debe agregarse la creciente ferocidad de los operativos criminales, que ahora no tienen el menor escrúpulo en golpear brutalmente a sus víctimas -aunque se trate de una anciana solitaria- o en intercambiar una lluvia de balas con la policía. Estamos a un paso de que se reproduzca el horroroso cuadro que presenta Buenos Aires en la materia, donde los asaltantes matan a alguien a quemarropa y desaparecen sin robar nada. Del asalto que por lo menos tenía un sentido -apropiarse de bienes ajenos- se está pasando al asalto que ya no tiene un sentido visible -matar sin llevarse esos bienes- con lo cual se ingresa en el terreno de un misterioso desahogo de los culpables, sin que esos ataques les produzcan beneficio alguno. El cuadro adquiere doble gravedad cuando se piensa que a menudo los agresores son menores de edad, de 12 años en adelante, cuyo comportamiento es imprevisible si se considera que actúan fuertemente armados y muchas veces bajo el efecto de las drogas.

Conviene desengañar al montevideano que crea que todavía puede circular libremente por su ciudad. Ya no es aconsejable cruzar la esquina de Aparicio Saravia y San Martín, aunque tampoco es prudente acercarse a barrios como la Unidad Casavalle, el Marconi, el Borro o el alarmante 40 Semanas, por no hablar de los brotes de tugurización en pleno casco urbano de la capital. El cerco va cerrándose bajo el asedio de una delincuencia que avanza y una ciudadanía que retrocede. Puede pensarse al respecto en la gradual invasión de vagabundos y en su práctica de una mendicidad compulsiva, que en este verano ha enrarecido la vida de balnearios como Punta del Este o La Floresta -con el clima de temor consiguiente- para apreciar la extensión y el avance del problema. En un folleto de carácter electoral publicado hace pocos meses por el Frente Amplio, se reconoció la gravedad de dicho panorama y se agregó que en esa fuerza política "existe plena conciencia de que esto no puede seguir así. Debe cambiar radicalmente y debe hacerlo urgentemente". Deseando que las estructuras de esta sociedad no se hagan pedazos, cabe esperar que a partir del 1º de marzo el nuevo gobierno piense seriamente en salvar a la población del aplastante circuito de inseguridad que la rodea.