¿Haciendo playa?

Han generado polémica las decisiones de la Dra. Adriana Graziuso, titular de un Juzgado Penal de Maldonado, ordenando la salida del Departamento a sospechosos con antecedentes, detenidos por la policía como medida de seguridad para evitar que cometan nuevos delitos.

Creemos que se procedió con sustento legal. Está vigente la "Ley de vagancia, mendicidad y afines," (Ley N° 10.071 de 1941), que faculta a la Justicia a imponer como medida de seguridad a quienes tienen antecedentes penales y no justifican un domicilio, la prohibición de residir en determinado lugar o Departamento, bajo apercibimiento de otras medidas.

La policía a su vez, de acuerdo con el Código de Procedimiento Policial puede, como medida de seguridad preventiva, detener un individuo poniéndolo a disposición de la Justicia, cuando esa detención se impone, entre otros casos, por la seguridad de terceros, ante el riesgo de delinquir.

Las leyes no están de adorno, se han hecho para cumplirse. En este caso, la policía detuvo determinadas personas, según se informó, con la convicción que en cualquier momento podían cometer un delito, y la Dra. Graziuso actuó, como se lo indica la ley, en forma ponderada y racional. La aspiración de algunos -en cuanto a que lo mismo debe hacerse en todo el país y no solo en Maldonado- tiene sin duda fundamento, pero ello no afecta la legalidad del procedimiento llevado a cabo.

No comparte este criterio el Director del Instituto de Criminología Luis Bibbo, quien entrevistado por El País (15/01/2010 pág. A9) sostiene que no corresponde apelar a los antecedentes de una persona para limitarle su circulación, observando que "no es casual que sea a propósito de Punta del Este que se está dando esta discusión. Allí en temporada se concentran personas que tienen mucho y que muestran mucho lo que tienen. Creo que exaltan el consumo y activan el deseo, no pueden después desentenderse ni asombrarse por las reacciones que despiertan en los otros".

Con todos los respetos, nos parece inadmisible esta aseveración, no sólo porque la ley existe, sino porque además, mostrar lo que se tiene, aun con fines de ostentación, al fin y al cabo es un derecho, y ejercerlo no legitima una reacción criminal y menos desvanece la potestad de la autoridad a prevenirla.

Se puede sí admitir que la desigualdad social es una de las causas de la criminalidad; es notorio, pero ese es otro problema que nada tiene que ver con lo que sucedió en Maldonado.

Que la Liga de Fomento de Punta del Este manifieste su beneplácito por ello, es natural, pero en el aspecto técnico destacamos el pronunciamiento de respaldo del Colegio de Abogados de Maldonado, en cuanto a que se actuó conforme a derecho.

Lo curioso pero además preocupante, es la dualidad de criterios que han hecho públicos quienes se anuncia que serán primero el Ministro del Interior del próximo gobierno y luego el Ministro de la Presidencia cuando la ley lo cree, por un lado, y quien comenzará como Subsecretario del Interior y luego asumirá la Cartera, por el otro.

En efecto, el Sr. Eduardo Bonomi ha dicho estar de acuerdo con que la policía detenga a quienes entiende que se acercan a Punta del Este para cometer ilícitos. Le da realce a la prevención, lo que no comparte quien habrá de trabajar con Bonomi primero y luego asumir el Ministerio del Interior, el Sr. Jorge Vázquez, para quien "yo creo que no hay que detenerlos porque supuestamente van a cometer un delito, hay que detenerlos cuando lo cometen". Esto equivale a decir que no está bien prevenir el daño, y que lo correcto es curarlo -si se puede- después que se consuma. Y para rematar su pensamiento agregó que al fin y al cabo "el tipo tiene derecho a hacer playa donde quiera".

Nos preguntamos nosotros: ¿es una falta de respeto prevenir a la gente que se prepare para lo que se nos viene?

Porque esto se dijo, está escrito, y nadie lo ha desmentido.