La reforma y la retórica…

Aníbal Durán Hontou

La retórica es el arte del buen decir…y los uruguayos somos expertos en la materia… Hasta el presente y yendo lustros para atrás, hemos tenido mucho más de retórica que de reforma del Estado. Pero no seamos tan terminantes; hay logros, el progreso tecnológico ha impuesto el aceleramiento de los trámites, acompasado por algunas "cabezas" de funcionarios que se han puesto a la altura de la tecnología.

El Presidente electo puso nuevamente el tema arriba de la mesa y prometió estar al frente del mismo. Supo decir en una vituperada entrevista "coloquial", que el gobierno que se termina no había avanzado nada en el asunto. Sin que me gane el escepticismo, pero coincidirá conmigo estimado lector, que da la impresión QUE NADIE QUIERE QUE SE REFORME NADA… habida cuenta del tiempo transcurrido sin que nada sustancial haya pasado. Por algo Mujica dijo lo que dijo… Pero desdramaticemos y pensemos que la cosa viene en serio. Yendo a aspectos medulares.

Los monopolios: cualquiera sea su naturaleza, pública o privada, son perjudiciales para el consumidor, que está constreñido en su elección y carece de libertad para decidir. Vaya concepto: tenemos la libertad amordazada (aunque parezca un contrasentido). Va de suyo que hablar de reforma del Estado implica poner arriba de la mesa los monopolios y el costo que eso significa para el consumidor. Económicamente, de haber competencia, no solo debería mejorar el servicio sino que pagaríamos menos agua, luz, telefonía básica…etc. Elemental. Y todo ello regulado por el derecho privado. Ahora, el tema no es sencillo y hay que despojarse de atavismos ideológicos.

Existe una verdad de Perogrullo: todo aquel que gestione una empresa privada sabe que se arriesga el capital del dueño y nadie tiene su puesto de trabajo asegurado. Los empleados deben ser eficientes y el empleador debe pagar salarios dignos y de mercado. En el sector público esta premisa no se da: se arriesga capital de la población (sin rendición de cuentas) y nadie pierde su puesto de trabajo (la práctica indica eso). Este esquema debería revertirse o por lo menos, comenzar a paliarse. Sería bueno analizar caso a caso las características de los mercados y determinar si debe existir una oferta de una empresa pública y en caso afirmativo, en qué régimen.

Por ejemplo, el Estado no debe administrar una aerolínea y menos, deficitaria. De la mano de lo expuesto, viene la situación de los funcionarios públicos. Ningún gobierno va a despedir masivamente funcionarios. Entonces sería pertinente replantear el posicionamiento de la reforma y preguntarnos qué funciones debe cumplir el Estado y dejar el resto en manos privadas. A priori surge la evidencia de que hay que suprimir actividades que están en manos del Estado. Definido el punto de las funciones estatales, se debería establecer qué recursos hacen falta para cumplir dicha tarea con eficacia y eficiencia, comparando con lo que pasa en otros países (verbigracia Nueva Zelanda).

Llegados a ese punto podríamos convenir en qué personal hace falta para la tarea pública. Creemos que la redefinición de los roles que debe jugar el Estado es previo a ninguna otra consideración. Yendo a los funcionarios, el cambio cultural es imperioso. Hay que buscar dignificar la función pública, hoy vituperada y con dolorosa prensa. Ese cambio debe venir de la mano de darle a las administraciones públicas, instrumentos para una gestión moderna de los recursos humanos.

Los instrumentos deben responder a un esquema de incentivos adecuados para el mejor desempeño de los funcionarios. Y es vital incluir el pasaje a un sistema de remuneraciones que incorpore la evaluación del desempeño. El funcionario debería percibir un emolumento fijo, ligado a indicadores convencionales como presentismo. Pero otra parte importante de la remuneración debería vincularse al desempeño del funcionario, teniendo en cuenta: la calidad del servicio, la reducción de gastos, etc… Mujica añora Nueva Zelanda y su exitosa reforma. Pero en dicho país, se privatizaron empresas públicas y se estableció que primaban en las mismas los criterios comerciales. Las remuneraciones de los funcionarios están atadas a la productividad, el sector público se rige por las mismas normas laborales que el sector privado. Extrapole esas condiciones a nuestro país y tal vez le gane el pesimismo.

Lo mejor es enemigo de lo bueno… seamos pragmáticos, sabemos que esto no pasará… pero por lo menos comencemos a fijarnos un derrotero y hablemos de la reforma del estado todos los días y preguntémonos: Juan Castillo (es decir el Pit-Cnt): ¿se avendrá a considerar la productividad en la labor del funcionario público? ¿Estará de acuerdo en que el Estado tenga menos funciones? (la incredulidad respecto al tema, la manifestó hace varios días Astori).

Nos guste o no, las respuestas a estas preguntas son parte de la solución.