El fuero de la libertad

ALEJANDRO NOGUEIRA

La ley de patentes impulsada por el gobierno y la mayoría de los intendentes amenaza en volverse otra máquina que mata al inventor. La desprolijidad jurídica -cuando no la inconstitucionalidad flagrante- y la ausencia de contacto con la realidad, han sido la característica de varias leyes de esta administración. La polémica norma de descentralización y creación de alcaldías en todo el país, la ley de adopciones, la de unión concubinaria, la de salud sexual y reproductiva, la del vergonzoso seguro obligatorio de automóviles, la mismísima ley de educación, se divagan en buena parte de sus textos en cuestiones declarativas y dejan, al mismo tiempo, agujeros jurídicos, contradicciones y dudas sobre las que, tarde, sus propios promotores caen en cuenta, aunque antes hayan sido debidamente advertidos por los juristas.

Con las patentes ocurre como con el contrabando: no hay controles suficientes del Estado represor cuando prevalece una situación económica que lo estimula. Ocurrió en la época de la Colonia, en las frecuentes etapas de desequilibrios cambiarios regionales, y toda vez que los individuos deciden correr el riesgo de cometer una ilegalidad que los beneficia y que es difícilmente punible.

Mientras existan abismos en los precios de las patentes de los diferentes departamentos y mientras se mantenga la autonomía tributaria comunal sobre los rodados plasmada en la Constitución, no habrá consensos políticos ni legiones de inspectores que puedan ir contra esa realidad más que durante un rato. Cualquier montevideano con su auto matriculado en Colonia o Flores o San José sabe que bastará con dejarlo guardado mientras dura el "brote" fiscalizador. Lo que gaste en usar el taxi esos días se compensa largamente con el ahorro tributario anual. Y hasta se hace esto con cierto regocijo, porque cualquier automovilista sabe que lo que paga de patente no va a mejores calles, buena señalización, semáforos o inspectores que eduquen en seguridad vial, sino a pagar sueldos y gastos municipales que solo benefician a sus destinatarios.

La ley de patentes, otro mal parche bienintencionado que no solo violenta las autonomías municipales (que no defiendo en absoluto) sino la libertad de los ciudadanos (que si defiendo absolutamente) no contó con la reacción de la rebeldía ciudadana ni con el temor del inspector a sufrir las consecuencias en carne propia.

¿Pondrá el gobierno un policía al lado de cada inspector de tránsito para hacer cumplir la ley, detrayéndolo de su función preventiva y represiva del delito? ¿Contratará la intendencia un 222 para proteger a su funcionario y proceder a la detención del ciudadano que se niegue a presentar documentaciones que no tiene por qué presentar a un inspector municipal?

Por ahora son los inspectores, que alegan falta de garantías, que se resisten a aplicar la ley tal cual la pergeñó el legislador amparados en el sacrosanto fuero sindical. Seguramente habrá, llegado el caso, muchos ciudadanos que se resistirán al atropello, aunque solo cuenten para ello con el fuero de la libertad ciudadana.