Operaria inmobiliaria de Punta fue acusada de estafas por US$ 20.000
Maniobra. Se quedaba con los alquileres de costosos apartamentos
MALDONADO | MARCELO GALLARDO
Un mujer fue acusada en las últimas horas de una estafa inmobiliaria en Punta del Este por un monto de US$ 20.000. En tanto la Policía de Maldonado busca intensamente a tres hombres que integraban una banda de copadores.
Una empresaria inmobiliaria enfrenta dos denuncias penales por haberse apropiado de los alquileres de dos apartamentos de Punta del Este.
Se trata de dos denuncias que se suman a otra registrada a fines de diciembre contra otra mujer que se quedó con el producido del alquiler de una suntuosa vivienda del barrio Beverly Hills del balneario esteño.
El tema preocupa a los operadores legalmente establecidos, que ven como un año sí y otro también el accionar de operadores sin ningún tipo de escrúpulos afecta la imagen de la actividad.
Una de las denuncias fue efectuada por el propietario de un apartamento de una torre del balneario esteño que la denunció por quedarse con los US$ 15.000 del alquiler del mismo.
El denunciante asegura que la mujer cobró el alquiler y se quedó con el dinero. Mientras tanto los inquilinos usufructuaron el apartamento, lo que impidió que su propietario pudiera ofrecerlo en alquiler a otros interesados.
El denunciante asegura que en más de una oportunidad pidió la entrega del dinero. La mujer no solo no lo entregó sino que, además, aseguró durante la primera audiencia en el juzgado que había cumplido con todas sus obligaciones. El propietario adjuntó a la denuncia varios correos electrónicos enviados por la inmobiliaria donde quedaría comprobada su versión de que fue estafado.
La misma mujer había sido denunciada a comienzos de diciembre por el propietario de un apartamento de una torre ubicada en las inmediaciones de la península. La operadora inmobiliaria le había alquilado el apartamento por el período marzo-noviembre del año pasado.
El alquiler de baja temporada fue acordado en US$ 5.100 de los cuales sólo US$ 600 fueron entregados al propietario.
Los inquilinos abandonaron el apartamento en tiempo y forma. Sin embargo, el dinero no apareció. Esto determinó que el propietario instruyera a su abogada para que radicara la denuncia penal contra la intermediaria por el delito de apropiación indebida. Luego de radicada la denuncia en el juzgado penal correspondiente, la mujer saldó la deuda. Empero, la denuncia sigue corriendo. En los próximos días podría haber novedades sobre el caso.
copadores. En tanto la Policía de Maldonado busca intensamente a los tres hombres sobre los que la Justicia dispuso orden de captura a nivel nacional. Están acusados se integrar una banda de copadores de los cuales dos ya fueron detenidos y procesados como informara El País. Los dos procesados son Germán Otero Granja y Nery Simonceli Magallanes, ambos con varios antecedentes.
La fuga y posterior recaptura de Germán Otero Granja, quien había fugado de Florida el pasado 6 de enero y terminó detenido en Maldonado, motivó el refuerzo de la seguridad en esa cárcel departamental, según confirmó a El País el subjefe de Policía, Ricardo Turnes. La fuga del recluso -con antecedentes por rapiña y estafa- había iniciado la búsqueda inmediata de la Dirección de Investigaciones de Florida que dio con el paradero del prófugo y lo comunicó a Maldonado en forma inmediata.
"El dato fue certero y se logró atrapar durmiendo a Otero y el resto de los detenidos. Debido a la fuga y a que el recluso volverá a Florida para continuar con el interrogatorio por delitos cometidos en el departamento, la cárcel ya reforzó su seguridad y se modificaron los controles en los pabellones", anunció Turnes. La cárcel se ubica en el centro de la ciudad de Florida, tiene capacidad para 50 reclusos pero actualmente alberga a 70.
Antes de la fuga no había personal suficiente, "pero ahora se agotaron todos los recursos", dijo el jerarca.
Turnes indicó además que en la última requisa se halló la sierra con la que Otero cortó la reja y otra reja marcada para otra posible fuga. Paralelamente, las autoridades iniciaron una investigación administrativa para establecer si se cumplieron todos los procedimientos durante los controles.
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