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El gobierno de Venezuela devaluó el bolívar y el presidente Chávez pidió a la población que "haga contraloría social denunciando a los comerciantes especuladores y acaparadores".

La paridad oficial anterior, de 2,15 bolívares por dólar (que no tenía mucho que ver con el tipo de cambio real) fue cambiada por un sistema de cambio doble de 2,60 bolívares por dólar para las importaciones de productos prioritarios y de 4,30 bolívares para la compra de productos suntuarios.

La reacción de los comerciantes es remarcar sus precios para mantenerse a la par de la devaluación.

Por su lado, el gobierno se ha embarcado en una campaña de control de precios liderada por un organismo estatal denominado Instituto para la Defensa de las Personas en el Acceso a los Bienes y Servicios (Indepabis) que es apoyado por la Guardia Nacional Bolivariana, el Ministerio del Poder Popular y otras entidades.

Avanza, entonces, el proceso de sustituir el mercado con procedimientos pretorianos, costosos, burocráticos y contraproducentes.

La devaluación incrementará la distancia entre la paridad del dólar oficial y la del mundo real, aumentará la inflación (que en el año 2009 fue la más alta de nuestra región), profundizará la incertidumbre en la economía y conducirá al desabastecimiento de la plaza (lo que impulsará nuevamente los precios).

Si lo que realmente se desea hacer es defender el derecho de las personas "en el acceso a los bienes y servicios", la única política es reducir la intervención del Estado, construir una economía de mercado y fortalecer la democracia.

Pero eso es algo que queda muy lejos del pensamiento "bolivariano". Los objetivos son otros.