1/1:  20101123 800x436 ()

EDUARDO BARRENECHE

"La sensación de inseguridad es muy fuerte", admitió el ministro del Interior, Eduardo Bonomi, al referirse a las rapiñas cometidas contra liceales y a la muerte de un comerciante en su propio barrio, víctima de un disparo.

Durante el lanzamiento del "Informe sobre seguridad ciudadana y derechos humanos" de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos efectuado ayer en el Edificio Postal, Bonomi reiteró que esa sensación "es muy fuerte, porque las víctimas de muchas rapiñas son liceales a los que asaltan cuando salen o van al liceo, para robarles la mochila, el celular o los championes".

También recordó que a un comerciante de su barrio lo mataron de un disparo y que los vecinos hicieron una manifestación hasta el domicilio del jerarca gubernamental.

Bonomi indicó que coincidía con el discurso del representante regional del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Amerigo Incalcaterra. El experto señaló que los países de la región debían apuntar a la "prevención" en lugar de la represión; aplicar políticas "interinstitucionales" para combatir la inseguridad y resolver el problema del hacinamiento carcelario, entre otras sugerencias.

Según Bonomi, "casi todo lo expresado" por Incalcaterra lo tuvo en cuenta el gobierno a la hora de elaborar las políticas de seguridad.

Enseguida replicó la decisión del Partido Colorado de juntar firmas para promover un plebiscito para bajar la edad de imputabilidad a los 16 años por delitos graves. "Estoy absolutamente en contra. No soluciona nada. Agrava el problema", dijo Bonomi.

Sin embargo, reconoció que cada vez más aumenta la participación de adolescentes en los delitos, alcanzando "tres veces" las cifras que registra el informe de Unicef de 2008. Ese documento, dijo Bonomi, señala que la participación de menores en delitos es del 12%. "Para mí supera el 35 o el 40%", precisó el ministro.

Tras reiterar que era partidario de que los antecedentes de los menores infractores, en determinados delitos, se mantengan luego que éstos cumplan 18 años, Bonomi dijo que la solución del problema de la minoridad pasa por una mejora del INAU. Este, añadió, debe retener a los menores privados de libertad e impulsar políticas de rehabilitación.

El titular de Interior dijo que entre enero y septiembre de este año, hubo una caída de los homicidios. "En comparación con otros años, hay dos indicadores que crecieron claramente: las muertes por casos de violencia doméstica y por ajuste de cuentas. La violencia doméstica hace a la sensación de inseguridad pero no el ajuste de cuentas", dijo.

También destacó que las rapiñas aumentaron 28% de enero a octubre, en comparación con el mismo período del 2009.

Al referirse al tema de la prisión preventiva, Bonomi recordó el fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre el caso Peirano, y esbozó una crítica. "Cuántos miles de presos cumplieron los dos tercios de la pena y la Corte Interamericana no hizo ningún planteo. Algunos de esos presos comunes solo se llevaron seis camperas mientras que los Peirano dejaron a todo el mundo adentro".

Por su parte, el ministro de la Suprema Corte Leslie Van Rompaey, presente en la exposición, manifestó su desacuerdo con la recomendación de la Comisión Interamericana de cesar la prisión preventiva cuando los internos han cumplido los dos tercios de la pena.

Indicó que ello resultaría en que peligrosos homicidas y narcotraficantes quedarían en libertad a los 14 meses, ya que esos delitos tienen una pena mínima de 20 meses de prisión.

"Una liberación en esas condiciones afectaría la opinión de la gente sobre la Justicia uruguaya", explicó Van Rompaey en alusión a las dificultades de que pueda aplicarse en Uruguay la recomendación de la Comisión Interamericana.

Una comisión integrada por técnicos de Interior y de la SCJ discute sobre los plazos razonables de prisión preventiva que puede haber en el país.

Bonomi dijo que el tema iba a ser incluido en el plan de liberación de presos a estudio del Parlamento, pero que se excluyó porque no hubo acuerdo.

El ex subsecretario del Ministerio del Interior Juan Faroppa dijo que el gobierno debía disminuir la presencia de militares en las guardias de las cárceles. También consideró inconveniente el pasaje de funcionarios del Ministerio de Defensa al de Interior. Faroppa elaboró el informe sobre seguridad para la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.