Ojos y oídos del rey

GUSTAVO PENADÉS

La Constitución de 1830 previó la existencia en los departamentos de un jefe político, un agente del Poder Ejecutivo, a quien correspondía todo lo gubernativo. Preveía, asimismo, la existencia de Juntas Económico Administrativas, elegidas por elección directa, que se reunirían dos veces al año.

Mucho tiempo nos separa desde la aprobación de aquel régimen que sustituía la tradición de los Cabildos que, pese a las adaptaciones y variaciones propias de los turbulentos tiempos de la emancipación, había sin embargo subsistido.

Las instituciones fueron evolucionando en aras de una mayor descentralización y, por ende, de una mayor participación de la ciudadanía en la administración de los asuntos que le son propios, encontrándose en el sistema de alcaldías una nueva expresión de dicha tendencia.

Sin embargo, en estos momentos se viene manejando desde el Poder Ejecutivo la intención de designar "delegados presidenciales". El gobierno continúa la práctica del anterior en el sentido de difundir ideas sin dar a conocer el texto que las contiene, y estudiando la reacción de la opinión pública. Es por ello que debemos limitar nuestro comentario a los elementos que se han manejado a nivel de la prensa.

Los anuncios son hasta contradictorios a veces, pero lo que sí está claro es que la función del delegado serviría como "ojos y oídos" del Presidente; y, además, como el "gran coordinador" de los servicios estatales. Podríamos imaginarlo dando órdenes a las jefaturas departamentales del Ministerio de Salud Pública o a las de la UTE o el Ministerio de Educación. Sería el representante del Estado Central y Autónomo en los departamentos y ante el Intendente, la Junta Departamental, alcaldes, etc. Si en una primera etapa podría ser un "facilitador", con apenas algunos ajustes legales llegaría a transformarse en el jerarca máximo de los servicios estatales en cada uno de los departamentos. Así, ejecutaría los programas financiados con recursos nacionales, y de paso controlaría a qué se destinan los recursos transferidos por el Estado Central.

Es decir, aparecería ante los órganos democráticamente elegidos por los vecinos del departamento un funcionario, quien, representando al Estado Central, haría su voluntad, coincidente o no con la de los vecinos. Si la idea, tal como se la ha dado a conocer es francamente mala y constituye un retroceso a lo que ha sido la tradicional aspiración de los departamentos, lo es doblemente cuando lo que se busca es que el Frente Amplio recupere y afiance posiciones en los lugares en los que electoralmente retrocedió.

Rechazamos por tanto enfáticamente la peregrina idea del Presidente Mujica. Pero también, los gruesos errores conceptuales de quienes, como el secretario general del Partido Colorado, pretenden presentar al Partido Nacional como defensor de los antiguos jefes políticos, olvidando que gracias a las luchas del nacionalismo desapareció esa institución antidemocrática y fiel ejecutora de las arbitrarias decisiones de los gobiernos de turno, los que, da la casualidad, no eran del Partido Nacional.