¿Qué ocurrió?

Enrique Beltrán

Los primeros cinco años del gobierno del Frente fueron precedidos por otros tantos del gobierno departamental de Montevideo, que luego ha continuado a su vera. Tuvieron algunas luces y bastante sombras, aun cuando buen cuidado se tuvo tanto para dificultar el contralor de las minorías como para proteger los sugestivos silencios de la mayoría, aunque poco se ajustasen a la dinámica de la democracia. Naturalmente que el campo de la controversia ha sido amplio durante ese período por lo que fue difícil encontrar terrenos donde los acuerdos abundaran, más allá de enfrentamientos y diferencias ideológicas. Sin embargo, creo que uno de los hechos que ha conmocionado al país entero, por encima de las discrepancias, fue lo sucedido hace bien pocos días en la cárcel de Rocha. Ocurrió allí esa tragedia de terribles dimensiones que a todos nos ha llamado y conmovido. Así sucedió, por lejos que estuviéramos del lugar en que ocurrió, de las víctimas que han apurado el horror hasta las heces, y de sus familiares sacudidos por el dolor y la indignación. Sufrieron encerradas en sus celdas, en medio del humo, de las llamas, y la desesperación de un auxilio que parece tener demora para el apremio del incendio que ahoga y de la muerte que llega. Se desató el incendio por un cortocircuito en un pabellón de siete metros por cuatro donde se hallaban veinte reclusos tras la puertas cerradas. Doce presos, la gran mayoría jóvenes, morían hacinados y carbonizados. Allí se hallaban detenidos, tanto para penarlos si procediere, como para cuidar de ellos durante la detención o la pena y volverlos finalmente a la libertad.

En una regresión de más de un siglo atrás, después de haber dejado en el camino la pena de muerte que nuestras leyes proscribieron, mucho antes que los más civilizados países del planeta, he aquí que, acumulando omisiones, descuidos y desprecios por la suerte de la condición humana en nuestras cárceles, también nosotros, sin proponérnoslo, sin paredones y sin leyes, hemos castigado con la muerte a quienes solo habían sido procesados o condenados a temporaria prisión por nuestros jueces. Clara es entonces la responsabilidad del Estado por esas muertes a las que tendrá que hacer frente en los estrados judiciales. Pero hay otras clase de responsabilidades que son de carácter político que se van a ventilar en la Cámara en la próxima interpelación. A través de ese debate, que será largo seguramente, quedará en evidencia que no siempre la política carcelaria y la suerte de quienes la padecen suelen formar parte en forma relevante de las preocupaciones de los diversos gobiernos. Sin embargo, han sido muy escasos nuestros gobiernos democráticos, que hayan tenido mayor descuido, indiferencia y olvido, que los que se evidenciaron en todo el quinquenio del primer gobierno frentista. Pocas circunstancias como las de entonces: fue cuanto más se congestionaran las cárceles a extremos tan peligrosos, como vejatorios; menos inquietudes frustraron las posibilidades de toda seria política educativa, más precaria e incierta se hizo la situación de los detenidos, más expuestos a reincidir, cuando el ambiente los subsumía en un clima de droga, violencia, frustración y reincidencia. El lustro pasado agravó la inhumanidad de nuestras cárceles y a ella le agregó su indiferencia. La excepción fue la presencia de Álvaro Garcé. El drama de Rocha es un terrible removedor de responsabilidades y de decisiones para que nada de esto vuelva a ocurrir.