Dualidad

Enrique Beltrán

Nos costó creer que fuese rechazado el planteamiento hecho en el Senado de la República, por los senadores Sergio Abreu y Ope Pasquet para condenar el asesinato de Orlando Zapata, el modesto albañil cubano tras ochenta y cinco días de huelga de hambre. El editorial de "El País" del 23 de febrero pasado daba un impotente grito de advertencia, cuando el crimen estaba por consumarse. Poco después así ocurría. Esa inmolación es el retrato de un régimen. Si las complicidades del silencio no prevalecen, puede ser también, el anuncio de su rápida agonía.

Sin embargo, la moción presentada por aquellos legisladores, fue rechazada. La mayoría del Senado calló toda protesta, toda condena, y hasta la indignación. Censurable fue esa victoria, que casi sin ruidos dio vuelta la página. Tanto más que la moción presentada no era otra que la reiteración de principios que suponen también compromisos asumidos por el país. La moción de condena, era tan fundada como serena. Expresaba en el numeral primero "Su convicción que la vigencia de los derechos humanos en su plenitud debe ser respetada por todos los Estados, en especial por los latinoamericanos de conformidad con la Declaración Universal de Derechos Humanos, adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el día 10 de diciembre de 1948, y al Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos abiertos a la firma el 16 de diciembre de 1966 y que fuera suscrito por la República de Cuba en febrero del 2008". En su numeral segundo se señala como en el caso Zapata se han quebrantado "los derechos que vedan el trato inhumano en prisión, la necesidad de un juicio justo y el derecho a la libertad de expresión y de opinión". Finalmente insta a la República de Cuba a promover el "pluralismo político y garantizar las libertades que hacen al ejercicio pleno de los derechos de sus ciudadanos."

Naturalmente, que si hubiese habido en el oficialismo voluntad de censura al crimen y al ámbito donde esos episodios se registran impunemente, fácil hubiera sido ponerse de acuerdo en la declaración, si es que ésta, por serena que fuese, no le agradaba. O no quisiese plegarse a su tenor porque provenía de la oposición. No han sido esas seguramente, las razones que han pesado en esa negativa. El rechazo a la moción fue reafirmar una trayectoria marcada por una dualidad irritante y soberbia. Es más o menos la siguiente: sólo se violan los derechos humanos cuando se los hieren en algunos de sus simpatizantes. Entonces los invocan, claman por ellos, pueden pasar años y quinquenios que cuando tengan poder serán implacables para el castigo de quienes entonces los agredieron. En cambio cuando no comparten su ideología y la combaten, es esto un corrosivo que va diluyendo sus derechos humanos. Entonces creen que el agravio los hacen quienes han sido despojados de ellos, no quienes los despojan. Legitiman así la asfixia de sus opiniones y hasta no se hace repudiable el que se eternicen en el poder. El crimen y martirio del albañil cubano se inscribe en el sombrío marco de una dictadura que lleva algo más de medio siglo y un largo sendero de terribles agravios a los derechos humanos. El rechazo a su condena de parte de la mayoría oficialista demuestra que muchos de ellos siguen siendo rehenes de un inquietante pasado que finge creer que los que solo valen son sus propios derechos. Quizá allí, se arropan todavía viejos sueños totalitarios.