JUAN ORIBE STEMMER
En la Cumbre de la Unidad de América Latina y el Caribe, celebrada en la Cancún los días 22 y 23 de febrero, confluyeron dos procesos de integración de diferente naturaleza y composición: la XXI Cumbre del Grupo de Rio (o Mecanismo Permanente de Consulta y Concertación Política) y la II Cumbre de América Latina y el Caribe sobre Integración y Desarrollo (CALC).
El Grupo de Rio se origina en los Grupos de Contadora y de Apoyo que comenzaron a funcionar a fines de 1986 con el fin de contribuir a la pacificación de América Central. En los años siguientes aquel núcleo se expandió para incluir 22 países de América Latina y el Caribe. La primera Cumbre sobre Integración y Desarrollo se reunió en diciembre de 2008, en Bahía, y aprobó una Declaración que puso énfasis en la integración y la cooperación económica regional. Los miembros de la CALC incluyen a 33 países.
La Declaración de Cancún, aprobada el 23 de febrero, establece que los países de América Latina y el Caribe decidieron intensificar el diálogo político entre ellos y traducir, a través de la concertación política, "nuestro principios y valores en consensos". Y agrega: "la región requiere de una instancia de concertación política fortalecida que afiance su posición internacional y se traduzca en acciones rápidas y eficaces que promuevan los intereses latinoamericanos y caribeños frente a los nuevos temas de la agenda internacional".
La conferencia acordó por aclamación avanzar en la creación de un nuevo organismo regional donde convergerían el Grupo de Rio y el CALC. La organización definitiva de esa entidad sería resuelta en una cumbre que tendrá lugar en Venezuela, en julio del 2011.
Para algunos, la Cumbre fue un paso de una estrategia contra los Estados Unidos y la OEA; para otros un avance en el proceso de integración regional; algunos considerarán que fue una pérdida de tiempo. La realidad es que la reunión merece ser analizada aunque sea con un cortés escepticismo. Así, a primera vista su gran mérito es relegar la Unasur, con su membrecía limitada a América del Sur, para abrazar un espacio geográfico mucho más amplio, incluyendo México y los países de América Central.
Es cierto que tanto derroche de elocuencia en la Declaración choca con realidades evidentes. Una de ellas es el contraste entre sus enfáticos párrafos referentes a los derechos humanos con dos acontecimientos casi simultáneos con ella.
El primer fue la muerte del prisionero de conciencia cubano Orlando Zapata Tamayo, como resultado de una huelga de hambre iniciada el 3 de diciembre pasado. El otro es la publicación del informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que depende de la OEA, titulado "Democracia y Derechos Humanos en Venezuela", donde se estampan y difunden severas comprobaciones, que dejan muy mal parado al régimen del presidente Chávez.
Es interesante que dos de los países que más entusiasmo han demostrado por la creación del un nuevo organismo regional que compita o sustituya a la OEA sean, precisamente, Cuba y Venezuela. Parece que algo les está molestando.
"La Cumbre de Cancún coincidió con la muerte de un prisionero de conciencia cubano".