PABLO DA SILVEIRA
Unos cuarenta mil docentes estarán votando mañana para elegir a sus representantes en los diferentes consejos de ANEP (los datos sobre el número de votantes han estado oscilando, pero terminaron por estabilizarse en esa cifra). El hecho puede ser comentado desde varios ángulos, pero hay uno que resulta muy llamativo: todos los candidatos insisten en subrayar el carácter puramente gremial de las diferentes listas, aunque todos sabemos que no es así. Es cierto que en varias listas figuran personas de diferentes partidos (aunque algunas son más plurales que otras), pero eso no prueba que sean políticamente neutras.
Tal vez el mayor grado de hipocresía se encuentre en las listas llamadas "sindicales" (es decir, las apoyadas por la nomenklatura sindical), que se rasgan las vestiduras ante lo que consideran una intromisión de los partidos tradicionales. El punto no es si hay o no hay una voluntad de esos partidos de incidir en los resultados. Por supuesto que la hay. El punto es que eso es mucho más cierto de los partidos de izquierda, que respaldan las listas presuntamente sindicales. No por casualidad, una de sus principales candidatas fue una de las figuras más visibles de Asamblea Uruguay durante la última campaña electoral. Parecería que no hay nada malo en que los partidos de izquierda se involucren en la vida sindical, pero es ilegítimo que otros lo hagan.
En este país existe un fuerte entrelazamiento entre el movimiento sindical y los partidos de izquierda. La mejor manera de hacer carrera en los sindicatos es contar con el apoyo de uno de esos partidos, y una buena manera de ascender dentro de esos partidos es tener éxito como dirigente sindical.
No es casualidad que Juan Castillo sea la principal figura del PIT-CNT y al mismo tiempo haya sido electo diputado por el Partido Comunista. La competencia entre ese partido y otras fuerzas de izquierda por el control de algunos sindicatos ha alcanzado niveles de tensión difícilmente equiparables en la vida política reciente.
Que existan vínculos entre el poder político y el sindical no es una excepción uruguaya. Lo mismo ocurre en casi todas partes. Pero la diferencia es el grado de hipocresía que hemos alcanzado aquí. En casi todos los países democráticos existen varias centrales sindicales con diferentes orientaciones políticas. Hay una central comunista, una socialista, una democristiana u otras. Pero aquí hemos preferido imponer el mito de la unidad sindical y barrer bajo la alfombra. Naturalmente, ese es un esquema de funcionamiento que beneficia a unos más que a otros.
¿Hay alguna manera de evitar el desdibujamiento de fronteras entre lo político y lo sindical? Si queremos respetar las libertades, no la hay. Pero al menos podemos tener mejores o peores versiones del fenómeno. En la medida en que los sindicatos se concentran en sus funciones legítimas, el vínculo con la política se mantiene razonablemente sano.
Pero en cuanto los sindicatos empiezan a asumir tareas que no les corresponden (por ejemplo, gobernar la enseñanza) las cosas se contaminan hasta afectar el buen funcionamiento de las instituciones.