Delincuentes confiesan a la Jueza de Maldonado que van a rapiñar

MALDONADO | M. GALLARDO

Las normas vigentes amparan a la jueza Adriana Graziuso de Maldonado para retirar a personas con antecedentes, sin trabajo ni residencia fija. También, a aquellos que aún libres, confiesan que van al departamento a delinquir.

En 2008, el gobierno promovió un nuevo código de procedimiento policial que ahora, junto con disposiciones del Código Penal, permiten a la magistrada reprimir hurtos, rapiñas y venta de estupefacientes en las zonas balnearias del departamento.

Por eso, a confesión de parte, ella está actuando. Graziuso contó a El País que durante la temporada de verano e incluso los meses previos, llegan a Maldonado gran cantidad de personas con antecedentes penales y causas abiertas que, incluso, confiesan su propósito delictivo. "Se concentran personas con antecedentes penales judiciales y causas abiertas, no residentes en el departamento, que en la temporada veraniega se instalan en Punta del Este y en Piriápolis, sin trabajo ni vivienda en la zona. Muchos de ellos confiesan, al ser procesados por algún ilícito que cometen aquí, que su objetivo era delinquir. En mi experiencia como jueza letrada de Chuy, que abarcaba una extensa zona balnearia desde Punta del Diablo hasta la barra del Chuy, ocurría lo mismo", expresó.

OCULTAMIENTO. La magistrada recordó que es posible la intervención de personas en la vía pública por parte de las autoridades judiciales.

"La autoridad policial en el marco de la ley 18.315 llamada `Ley de Procedimiento Policial` del 5 de julio de 2008, tiene el deber de observar y prevenir como forma de impedir la comisión de delitos, faltas o infracciones. Para ello, tratándose de personas que se encuentran deambulando, sin trabajo, ocupando y viviendo en espacios públicos como playas, plazas, parques y explanadas, se les pide identificación", relató.

En muchos casos, Graziuso explicó que "gran cantidad de esas personas carecen de documento, gran parte de las veces ex profeso para que se dificulte su identificación, máxime teniéndose presente que se trata de personas que no son conocidas por la policía local, por lo que de conformidad al artículo 43 o el artículo 360 numeral 6 del Código Penal, se los conduce a la seccional policial para identificarlos correctamente, dando cuenta al juez competente, penal o de faltas en lo correspondiente", indicó.

OCUPACIONES. También Graziuso sostuvo que hay sustento legal para impedir la ocupación de espacios públicos. "A quienes ocupan inmuebles públicos se les intima a no continuar haciéndolo por orden judicial conforme a los artículos 354 del Código Penal o en su caso los artículos 358 y 359 inciso 2 del Código Penal. Hay casos de personas que han sido excarceladas provisionalmente o procesadas sin prisión, donde en la caución juratoria de la excarcelación se han comprometido a no ausentarse de su lugar de residencia sin conocimiento del juez, cosa que no han cumplido, por lo que se informa al magistrado de su causa de esa violación de la caución juratoria", enfatizó.

La jueza explicó que en esta situación se han registrado casos de hurtos, rapiñas y venta de estupefacientes como los delitos predominantes en que incurren estas personas en la temporada veraniega.

Tampoco las acciones que se adoptan violan la libre circulación por el territorio nacional. "Muchas de estas personas tienen restringida en los hechos esa libertad de circulación en las respectivas cauciones juratorias que han firmado prometiendo cumplir fielmente las condiciones impuestas por el juez de su causa al decretar su excarcelación provisional", recordó Graziuso.

Pero enfatizó que "a nadie se le prohíbe estar en el lugar", sino que sólo se cumple con los deberes de identificación, y actuación en caso que se encuentren cometiendo delitos, faltas o infracciones.

Por último, Graziuso sostuvo que esta problemática fue analizada por autoridades nacionales y locales con las principales instituciones empresariales de Punta del Este y el resto del departamento.

Estos sectores coincidieron que la cantidad de personas mayores con antecedentes judiciales sin trabajo y sin lugar para residir en la zona "ha aumentado significativamente", concluyó.

Confesión: Hay gente que oculta al juez su paradero e identidad para poder delinquir.

"Hay gente que pide ir a la cárcel para tener comida y donde vivir"

La jueza penal Adriana Graziuso explicó a El País que hay personas que se acercan a los juzgados pidiendo ayuda para poder regresar a sus lugares de origen.

"A ellos se los deriva a la defensoría pública del Poder Judicial o al Patronato del Excarcelado y del Liberado, institución que en muchos casos les ha proporcionado comida y pasajes de ómnibus para su regreso a sus departamentos de origen", explicó.

Inclusive aseguró que no pocas personas sin ingresos de ningún tipo, residencia u ocupación en Maldonado, se acercan a los juzgados del departamento para preguntar cómo pueden ir presos a la cárcel de Las Rosas para así poder alimentarse y tener un techo para vivir, aunque sea en la cárcel.

En este caso también son derivados a las instituciones sociales de apoyo.

Esta es una situación que pinta por sí sola la situación en que se encuentran estas personas que no dudan en confesar sus propósitos delictivos para explicar su presencia en Maldonado.