En FA y gremios rechazan suspender ley de educación
Mujica. Le recuerdan el programa y la decisión partidaria
Mientras los sindicatos de la enseñanza esperan el fallo de la SCJ sobre la inconstitucionalidad de la ley de educación, fustigaron a Larrañaga por promover la suspensión por seis meses de la ley de educación y a Mujica por no negar la idea.
La solicitud de Jorge Larrañaga de suspender por seis meses la ley de educación y la aparente aceptación del presidente electo José Mujica siguen generando polémica. La idea del líder de Alianza Nacional es parar la aplicación de ley para buscar acuerdos que incluyan el fomento de las escuelas de tiempo completo, un nuevo modelo liceal y la descentralización universitaria.
Tanto Mujica como Larrañaga recibieron cuestionamientos desde el partido de gobierno y los sindicatos de la enseñanza.
Alicia Pintos, representante comunista en el grupo de trabajo sobre educación que designó el presidente electo, dijo que si Mujica es permeable al planteo de Larrañaga, debería llevarlo al Frente Amplio, para "que el tema se discuta en profundidad".
"Mujica, como cualquier dirigente tiene la libertad de expresarse, pero está regido por programa que aprobó el congreso del Frente Amplio, por la plataforma electoral y por la dirección del Frente Amplio". Pintos fue la única legisladora de la izquierda que votó en contra de la ley de Educación.
Para el dirigente de Fenapes José Olivera, "es una burrada", suspender la ley. Especula que los blancos buscan evitar la elección de consejeros docentes. "Tal vez el Partido Nacional está planteando, sin decirlo, que no está de acuerdo con los mecanismos de elección en la educación", dijo.
El dirigente consignó que si la Suprema Corte falla a favor del recurso de inconstitucionalidad que plantearon varios gremios, se generaría un hecho político que provocaría que se revieran aspectos de la ley. "También puede pasar que los partidos políticos no hagan nada, como en el caso de la ley de caducidad", sostuvo.
En tanto, el diputado Pablo Álvarez de la CAP-L señaló que para detener la ley se requeriría una nueva norma promovida por el presidente electo José Mujica. "Promover una ley no suspende la elección de los consejeros docentes, que ya está fijada para el 24 de febrero", advirtió el legislador.
El presbítero Marcelo Fontona, integrante de la Comisión Nacional de Educación (Comine) por la educación privada, sostuvo, a título personal, que la propuesta de Larrañaga tiene sentido si es para reformular la norma incluyendo a otros actores sociales y políticos. "Esta ley nace con la sola aprobación del partido de gobierno; suspenderla, si no es en virtud de una renegociación, no tiene sentido", afirmó.
El miércoles pasado la ministra de Educación y Cultura, María Simon, salió al cruce de la propuesta del líder blanco y dijo que la aplicación de la norma "está muy avanzada".
"A medida que avanza, mucha gente se está dando cuenta de que había elementos que le parecía que no gustaban y no le convencían lo suficiente y ahora sí", dijo.
Por su parte, el dirigente del sindicato de funcionarios de la Universidad (Affur) e integrante del Secretariado del Pit-Cnt, Jorge Taborda, recordó el rechazo del movimiento sindical hacia la norma.
Taborda, militante del MPP, dijo que en caso de iniciarse una nueva discusión por la ley de Educación, los gremios deben participar necesariamente.
"Si la discusión va a ser cerrada al aparato político por más que sea una buena ley, nosotros nos vamos a oponer. Porque la educación es del pueblo por lo tanto no lo pueden definir algunos actores solamente".
El diputado socialista Roque Arregui discrepó con la propuesta de Larrañaga. "No comparto en absoluto. Este tema estuvo en el debate parlamentario largamente y no se puede paralizar. Sería retroceder y volver a la ley Sanguinetti de 1985. Esto no implica que no se pueda conversar e introducir cambios para mejorarla", agregó.
Aguardan fallo de la Corte
Tres sindicatos de la enseñanza (Ademu-Montevideo, Fenapes y Afutu) presentaron ante la Suprema Corte de Justicia recursos de inconstitucionalidad contra la ley de educación ya que entienden que el Poder Ejecutivo vulnera la autonomía del sistema. Las Asambleas Técnico Docentes (ATD) de Primaria, un organismo técnico, solicitaron a la Anep esta semana que haga lo propio por los mismos motivos. Dirigentes blancos sostienen que violenta la Carta Magna.
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