Argentina. Gobierno alertó que vetará leyes si hace falta
BUENOS AIRES | GUSTAVO STOK
Con la asunción de los diputados y senadores electos el pasado 28 de junio, el kirchnerismo dejará de contar desde hoy con mayoría propia en el Congreso argentino. En el nuevo escenario se esperan duros choques entre oficialismo y oposición.
Esa nueva relación de fuerzas -el oficialismo había gozado de mayoría en las dos Cámaras desde que asumió en mayo de 2003- promete desatar una dura pulseada entre el gobierno y la oposición en los dos años que restan del mandato de Cristina Fernández.
Una muestra de esa puja ya se dio la semana pasada en la sesión preparatoria de la Cámara de Diputados, cuando gran parte de la oposición se unió y sumó 144 de los 257 legisladores para quedarse con el control de todas las comisiones. Envalentonados con ese triunfo, los principales líderes opositores prometen avanzar ahora en la sanción de nuevas normas y en cambios a leyes aprobadas por el oficialismo en los últimos meses. Pero son objetivos que no serán fáciles de alcanzar.
"Los diputados opositores van desde la izquierda hasta la derecha, pasando por el Peronismo disidente, los radicales, el Socialismo, la Coalición Cívica y los partidarios del vicepresidente Julio Cobos: difícilmente mantengan la unidad para votar diversos proyectos", según sostiene el analista político Rosendo Fraga.
La amalgama opositora tiene posibilidades de mantenerse en temas institucionales como devolverle la autonomía al instituto oficial de estadísticas Indec, la modificación de la actual composición favorable al oficialismo del Consejo de la Magistratura -encargado de la designación y remoción de jueces- y la supresión de los superpoderes al jefe de Gabinete.
Pero esa unión será difícil de alcanzar en temas que conllevan una mayor carga ideológica, como por ejemplo la modificación de la ley de medios audiovisuales aprobada en octubre o una reducción de la alícuota que se aplica a las retenciones a la soja.
Más allá de esos proyectos de alto impacto, hay una iniciativa menos visible pero que buena parte de la oposición considera clave: el incremento de la coparticipación del impuesto al cheque para cortar la dependencia que sufren los gobiernos provinciales de los recursos que envía la Casa Rosada de modo discrecional. Desde 2002, el gobierno nacional no viene cumpliendo con el piso mínimo del 34% de los recursos coparticipables recaudados por el Estado nacional que debe destinarse a las provincias en forma automática. Ese incumplimiento provoca un ahogo financiero en la mayoría de las provincias, entre ellas Buenos Aires, que es utilizado por la Casa Rosada como herramienta de disciplinamiento político.
El ejemplo más reciente es el del radical Ricardo Colombi, quien ganó en octubre pasado las elecciones a gobernador de Corrientes con un discurso crítico del kirchnerismo, pero, pocos días después, sorprendió con su apoyo a los Kirchner para las presidenciales de 2011.
Contraataque. Ante las iniciativas que prepara la oposición, el gobierno de Cristina Fernández ya delineó un plan defensivo. La primera medida es no convocar a sesiones extraordinarias durante el verano y paralizar el Congreso hasta el 1º de marzo de 2010, cuando comienza el año parlamentario. La intención es quitarle importancia al rol del Congreso luego de que en los últimos meses el gobierno se garantizó leyes trascendentes como la de medios, la prórroga de los impuestos por dos años y la reforma política.
Otro de los objetivos pasa por mantener el control del Senado, en el que las fuerzas con la oposición están más parejas que en Diputados. Con el aporte de tres aliados, el kirchnerismo cuenta con 35 senadores, dos menos de los necesarios para alcanzar el quórum. El objetivo apunta a seducir a los senadores del Partido Justicialista disidente de la provincia de La Pampa, María Higonet y Carlos Verna.
Además, el gobierno podría impulsar proyectos de ley como la reforma del régimen de entidades financieras o la nacionalización de hidrocarburos, que contarían con el apoyo de legisladores opositores de centroizquierda. "El oficialismo buscará romper a la oposición por izquierda. El objetivo es quitarle a la oposición legisladores que en temas puntuales podrían estar más de acuerdo con el oficialismo", dice el analista político Ricardo Rouvier.
Por último, la Casa Rosada ya anticipó que utilizará el veto, una facultad que otorga la Constitución al Poder Ejecutivo. "Si no estamos de acuerdo con las leyes aprobadas, volverán al Congreso para su revisión o para su archivo", dijo el jefe de gabinete Aníbal Fernández. La oposición cree que el alto costo político que implicaría la reiteración de ese recurso en medio del fuerte desgaste de la imagen de Cristina Fernández -su aprobación ronda el 20 por ciento, según distintos sondeos- impondrá límites al gobierno. Varios dirigentes opositores alertaron sobre protestas callejeras y la vuelta de los cacerolazos si el veto se convirtiera en un abuso.
Aunque con una unidad todavía frágil, la oposición está en condiciones de controlar la agenda política en Argentina por primera vez desde la asunción del kirchnerismo en 2003. Pero su contracara promete dar lucha. "Néstor Kirchner no se dará por vencido y de acuerdo a su personalidad política tratará de retomar la iniciativa de inmediato. Antes de finalizar el año, el oficialismo pretende intervenir la empresa Papel Prensa para avanzar en su ofensiva para controlar los diarios, a la vez que redoblará las presiones para que la justicia federal de primera instancia dicte la falta de mérito y resuelva la cosa juzgada en la acusación del matrimonio Kirchner por enriquecimiento ilícito", dice Rosendo Fraga.
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