La reforma educativa aún está pendiente

PABLO MELGAR

La brecha entre los niveles de calidad de la educación uruguaya no se redujo en el gobierno de Tabaré Vázquez. El tema queda como deuda para el próximo gobierno. Muchos consideran que es de las más urgentes que tiene el país.

Un modelo de medir esas diferencias son los resultados de las pruebas PISA, el Programa para la Evaluación Internacional de Alumnos de la Organización para el Crecimiento y el Desarrollo Económicos (OCDE).

Esas evaluaciones, que se realizan cada tres años, han dado niveles muy bajos especialmente en alumnos de liceos de barrios pobres y de contexto crítico, según enfatizó la docente de Ciencias de la Educación, Grado 5 de la Udelar, Adriana Marrero.

"Las pruebas PISA advierten que en Uruguay hay estudiantes del nivel de Finlandia, el mejor del mundo, pero también de Kirguistán que es el último lugar del ranking", afirmó la especialista.

Los primeros lugares en las pruebas de referencia se localizan en la educación privada.

No obstante, la educación en su conjunto fue uno de los temas en que la oposición política fustigó al gobierno con mayor dureza y que a la vez provocó mayores debates internos en la fuerza política.

A lo largo de este período la oposición política acusó permanentemente a la izquierda de la caída de la calidad en el sistema educativo público con el consiguiente aumento de la matrícula privada.

Para el gobierno, los problemas en la enseñanza se arrastran hace décadas y se profundizaron con la crisis de 2002. Cuando el gobierno recién asumido se propuso redactar el presupuesto quinquenal se encontró con el primer escollo interno: el entonces ministro de Economía, Danilo Astori, amenazó con renunciar a su cargo si se cumplía la promesa electoral de adjudicar el 4,5% del presupuesto a la enseñanza pública. El conflicto se zanjó mezclando todos los aportes que hace al Estado a los distintos organismos que prestan servicios educativos, entre ellos las escuelas militares.

El importante crecimiento de las exportaciones que hizo crecer más de lo previsto el PIB, aumentó el presupuesto educativo hasta los US$ 1.500 millones en el período; en el gobierno de Jorge Batlle se invirtieron US$ 420 millones.

Así, con un presupuesto educativo triplicado, el gobierno apostó fuerte al aumento de los salarios docentes, que en algunos casos, como los maestros, llegó a duplicarse. Con esos fondos también financió el Plan Ceibal por el cual entregó unas 380 mil computadoras personales a niños de escuelas públicas y de colegios privados que se sumaron al sistema.

Mientras el gobierno se vanagloriaba con el Plan Ceibal, la oposición, que vio con buenos ojos la iniciativa, reclamó programas educativos que incluyeran la innovación tecnológica. La oposición insistió permanentemente en que en el aumento de presupuesto no se invirtió en el crecimiento de la calidad de los contenidos educativos. Señalaron, además, que el Plan Ceibal, el mayor logro que exhibe al mundo el gobierno de Vázquez, no fue gestionado por la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) sino por el Laboratorio Tecnológico del Uruguay (LATU).

En el gobierno de Tabaré Vázquez el control de la enseñanza fue un asunto de presencia permanente en la agenda pública. Tanto, que el eje de la discutida ley de Educación fue la forma en que se dividirá la presencia de los sindicatos y otros actores sociales y políticos en la gestión de la enseñanza. Los contenidos de los planes de estudio quedaron para las distintas organizaciones que creó la ley.

En el reparto de las cuotas de poder hubo una fuerte presencia de la Federación Uruguaya de Magisterio (FUM) que logró imponer a muchos de sus integrantes en lugares clave. Ex integrantes de ese gremio llegaron a ser ministros y ocuparon lugares relevantes en otras reparticiones.

Otro sector que ganó espacio fue la Universidad de la República, muchos de sus docentes alcanzaron ministerios y hasta la administración municipal de Montevideo con el científico Ricardo Ehrlich a la cabeza.

No corrieron con tanta suerte los sindicatos de Educación Secundaria y UTU que apenas consiguieron lugares testimoniales. Con ambos sindicatos el gobierno mantuvo los mayores enfrentamientos: esas gremiales promovieron acciones de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia por la ley de Educación.

El presidente Vázquez colocó en los principales puestos de dirección de la educación a integrantes de los distintos sindicatos del sector y figuras de confianza política de los principales grupos frenteamplistas. Entre ellos el presidente de ANEP, Luis Yarzábal, un hombre cercano a Mujica, al igual que la directora de Primaria, Edith Moraes. Mientras, en Secundaria asumió Alex Mazzei, ex esposa del fallecido Hugo de los Campos, uno de los principales asesores de Vázquez en la administración municipal.

Al próximo gobierno le quedan desafíos y promesas que parecerían difíciles de cumplir para la enseñanza. Será responsable, por ejemplo, de la aplicación de la ley de Educación y la continuación del Plan Ceibal en los liceos.

Los gremios docentes aunque reconocen el aumento salarial, reclaman mayores inversiones en infraestructura (en particular en Secundaria y UTU) y una gestión "más comprometida" en la seguridad de alumnos y profesores.

Todos los actores políticos han coincidido en la "urgencia" de modificar el rumbo de la educación Secundaria, ya que sostienen que es uno de los sectores en peores condiciones del sistema.

También queda la reforma universitaria, aunque ello no depende directamente del sistema político sino de los acuerdos a los que arribe el cogobierno de la Universidad de la República. José Mujica, eso sí, se ha mostrado partidario de descentralizar la educación terciaria.

Reparto: El gobierno contempló a los gremios para poder conducir la educación.

Urgente: Todos los sectores coinciden que Secundaria es la que está en peor situación.

Violencia, alumnos y planes

La violencia en los centros educativos ha sido uno de los puntos críticos del sistema. Durante 2008 y 2009 se registraron distintos episodios entre los estudiantes en liceos públicos que llamaron la atención de las autoridades que debieron coordinar esfuerzos con el Ministerio del Interior. Un grupo de policías, encabezados por el comisario Robert Parrado generó un protocolo de atención a casos puntuales denominado Comunidad Educativa Segura. Ante cada hecho de violencia concurren al lugar un grupo de especialistas que analicen las razones del conflicto y proponen soluciones. También surgió el proyecto "Convivencia" que dispuso que estudiantes analicen la realidad de cada centro.