Educación: ¿Política de Estado o prepotencia legislativa?

PABLO DA SILVEIRA*

Uno de los hechos salientes de la campaña electoral fue la convocatoria de José Mujica a definir un conjunto de políticas de Estado, entre las que se incluiría la de educación. ¿Qué es una "política de Estado"? Se trata de una política ampliamente consensuada, que sea capaz de mantener sus orientaciones fundamentales pese a la rotación de partidos (o de fracciones de partidos) en el ejercicio del gobierno.

Si esa es la idea, estamos ante una propuesta alentadora. Algo que a esta altura deberíamos tener claro es que la crisis de la educación uruguaya no es coyuntural. Los graves problemas que la aquejan (mala calidad de los aprendizajes, exclusión y desigualdad, colapso del clima de convivencia) ya no aceptan soluciones de corto plazo. Estamos necesitando otra manera de hacer las cosas.

La propuesta del futuro presidente suena entonces acertada y esperanzadora. Pero también tiene un problema: la práctica del gobierno frentista en estos años ha ido exactamente en la dirección contraria, tal como lo prueba el proceso de aprobación de la nueva Ley de Educación. Esa ley se redactó sin abrir ningún espacio de negociación genuina (el llamado Debate Educativo apenas fue un simulacro), privilegió a los gremios docentes por sobre todos los demás actores de la vida educativa y fue impuesta mediante un acto de prepotencia legislativa: no sólo no contó con ningún voto de la oposición, sino que ni siquiera tuvo todos los votos de la coalición de gobierno.

Esto es lo contrario de lo que hay que hacer si se buscan políticas de Estado. Para que esas políticas puedan gozar de la alta legitimidad que requieren y consigan sobrevivir a la rotación de gobiernos, es esencial que su proceso de elaboración sea muy negociado, que todos los actores involucrados sean tratados con igual consideración y que los puntos altamente controvertidos sean dejados afuera de la agenda. Esto se traduce normalmente en mayorías parlamentarias amplias y multipartidarias.

¿Tenemos razones para creer que la propuesta del candidato Mujica se convertirá en un nuevo estilo una vez que asuma la presidencia? Difícil saberlo, pero una manera de averiguarlo consiste en concentrar nuestra atención en dos puntos.

El primero será el proceso de puesta en marcha de la Ley de Educación. Si esa norma pasa a ser plenamente aplicada sin que se le introduzcan modificaciones, si se convoca a elecciones de los representantes docentes y se los instala en los órganos de gobierno de la enseñanza, si se pone en marcha toda la parafernalia de órganos que aseguran el predominio de los gremios, entonces sabremos que la convocatoria a convertir la política educativa en una política de Estado quedó en pura retórica. En cambio, si se abre un espacio de discusión política que permita introducir modificaciones a la norma, o se acepta postergar la aplicación de sus disposiciones más controvertidas, entonces habrá motivos para la esperanza.

El segundo punto en el que debemos concentrar nuestra atención será el proceso de aprobación del proyecto de ley que crea una agencia de evaluación y acreditación universitaria. Ese proyecto fue elaborado exactamente con el mismo estilo que la Ley de Educación, es decir, sin tener en cuenta las principales objeciones que suscitaba (aunque en este caso hubo, al menos, algo de diálogo). Y, también en continuidad con el caso anterior, este proyecto coloca a un actor de la vida educativa (la Universidad de la República) en una situación de injustificado predominio sobre los demás. Si este proyecto es aprobado sin mayores cambios, podremos estar seguros de que no contaremos con ninguna política de Estado en materia de educación superior. Si se abre una nueva instancia de diálogo donde haya lugar para auténticas transacciones, entonces podremos dar crédito a la idea.

Es difícil saber qué rumbo tomarán las cosas, pero al menos hay algo claro: hablar de políticas de Estado al mismo tiempo que se hace un uso prepotente de una exigua mayoría parlamentaria sería cubrir con palabras amables una práctica intransigente. Y eso sería muy preocupante en un país dividido en mitades que necesitan desesperadamente tender puentes.