Se profundizarían los cambios en la salud

FEDERICO CASTILLO

La reforma de la salud fue uno de los caballos de batalla de este gobierno y su continuación y profundización supone un gran desafío para los próximos cinco años. Todavía hay cuentas pendientes en el nuevo sistema sanitario.

Hace ya casi dos años comenzó a regir en Uruguay la tan anunciada reforma sanitaria. Con el Sistema Nacional Integrado de Salud (SNIS), vigente desde el 1° de enero de 2008, se iniciaron modificaciones en el modelo de atención.

La reforma transitó sus primeros meses con polémica: quejas y reproches de las mutualistas ante nuevas prestaciones obligatorias, desconcierto de afiliados por la fuerte migración a las instituciones privadas de usuarios de la Salud Pública y la decepción de los que optaron por salirse de los servicios del Estado, al ver que no podían afrontar el costo de órdenes y tickets del mutualismo.

Estos problemas se han ido resolviendo con decretos gubernamentales. Algunos obligan a agilizar la atención fijando plazos para el acceso a las consultas, otros reducen el valor de los copagos para garantizar las promocionadas universalidad y equidad del nuevo sistema.

Con estos "parches" las críticas parecieron moderarse, aunque aún se escuchan y hay asuntos por atender. Actores políticos de todos los partidos coinciden en que el gran desafío es continuar esa reforma, profundizarla y mejorarla.

Un asunto pendiente es garantizar la cobertura de todos los colectivos para que sea un verdadero sistema integrado. Aún hay unos 350.000 jubilados que están por fuera del SNIS, pues actualmente el sistema contempla sólo a los pasivos que perciben menos de $ 5.000 por mes, unos 160.000.

En estos años, aún no se logró incorporar a una institución pública como el Hospital de Clínicas, cuyas autoridades imploran su ingreso para poder torcer así la desfinanciación estructural y crónica del centro asistencial universitario. Si bien hubo avances en los últimos meses, la efectiva complementación de prestaciones entre la Administración de Servicios de Salud del Estado (ASSE) y el Clínicas es algo para que defina e instrumente el nuevo gobierno.

También queda para la administración electa la capitalización en gestión de los mayores recursos económicos con los que cuentan los hospitales públicos gracias a la reforma. Una de las ideas era reducir la brecha entre la atención mutual y la asistencia pública. La ecuación se presentaba simple: más oxigeno financiero y menos usuarios debería resultar en una atención más eficiente.

Según uno de los ideólogos de esta reforma, el director de Secretaría del Ministerio de Salud Pública (MSP), Daniel Olesker, al final de este gobierno el presupuesto de ASSE alcanzará los 9.000 millones de pesos, es decir, el doble que al inicio de la gestión. Mientras se destinan 900 pesos mensuales a la atención de un usuario en la órbita privada, se pasó a otorgar 718 pesos en el ámbito público por usuario. En los papeles, la brecha disminuyó.

Sin embargo, las carencias asistenciales siguen existiendo en los hospitales públicos y éstas se desnudan en cada invierno con, por ejemplo, las puertas de emergencias saturadas ante la aparición de las patologías respiratorias.

Por hacer. Al próximo gobierno le quedará reservada la tarea de ejecutar dos proyectos ambiciosos.

Con toda la polémica que arrastró durante 2009, el próximo año se instalará el Centro Uruguayo de Imagenología Molecular (Cudim) y su aparato estrella: el tomógrafo por emisión de positrones (PET, por su sigla en inglés). Este equipamiento permite la detección precoz del cáncer. Su utilización en el país le fue negada en dos oportunidades a privados por parte del MSP. Los enfermos deben viajar a Buenos Aires para realizárselo.

El otro proyecto tiene un plazo más largo de definición, pero se aspira a que se concrete durante el próximo período. Se trata de la transformación del Edificio Libertad (la ex Casa de Gobierno) en un Hospital de Agudos y nueva sede del Hospital de Traumatología. Hacia allí también se mudarán las oficinas de ASSE. El organismo ya descentralizado del MSP aún funciona en la sede del ministerio. Está previsto que las obras concluyan en 2011.

El nuevo gobierno deberá, además, lidiar con un sector como el de la salud que actualmente soporta un par de conflictos gremiales y un sonado caso en donde está bajo sospecha la administración del Hospital Maciel.

Enfrentar la nueva pandemia

El sistema de salud uruguayo tuvo que enfrentar este año la llegada de la gripe A H1N1, una enfermedad nueva, que se transformó en pandemia y que en Uruguay le costó la vida a unas 40 personas. No se puede decir que el nuevo virus haya tomado por sorpresa al Ministerio de Salud Pública (MSP). Para preparar un plan de contingencia sirvió de mucho mirar lo que ocurría con la gripe en el Norte, en México y Estados Unidos, y se buscó desarrollar ideas de prevención similares pero adaptadas a la realidad del país. Si bien hubo algún cierre temporario de escuelas y se canceló más de un espectáculo público, la intención del MSP fue no alterar principalmente los hábitos cotidianos de la sociedad a causa de la enfermedad. La gripe A obligó a ejecutar un plan de contingencia elaborado en el 2007 ante la eventualidad de la aparición de casos de gripe aviar, algo que finalmente no ocurrió. La segunda ola de esta enfermedad está prevista para el próximo otoño, y en varios países del Norte se han constatado mutaciones del virus que lo vuelven más agresivo y fulminante. El desafío del próximo gobierno será doble al momento de pensar en planes de prevención y contingencia de la enfermedad. Otra tarea que deberá resolver la nueva administración sanitaria es la de implementar un plan de vacunación contra el virus. A través del Fondo Rotatorio de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) Uruguay ya reservó unas 2 millones de dosis. Habrá que definir cómo y cuándo comenzará el programa de vacunación.