Acción de amparo ante la Justicia por incumplimiento legal
La Asociación de Radios del Interior (RAMI) presentó una acción de amparo en la que solicita a la Justicia que ordene a la Unidad Reguladora de los Servicios de Comunicaciones (Ursec) cierre y decomise, en un plazo de 72 horas, los equipos de las emisoras que transmiten de manera ilegal.
"No hay duda de las atribuciones y tampoco de los responsables de las omisiones; no encontramos otro camino para que, en forma rápida, se tomen medidas urgentes para detener esa proliferación de emisoras no autorizadas, que destruyen el trabajo y las empresas legalmente instaladas", expresan el presidente Juan Brañas, el secretario Miguel Pose y el abogado de RAMI Artigas González, en el escrito. "El único que puede actuar es la Ursec para defendernos en nuestros derechos y eso justifica esta acción de amparo", agregaron.
omisión contumaz. RAMI sostiene que sus derechos han sido lesionados "por la omisión contumaz de no actuar" de la Ursec, puesto que "no ha sancionado a las emisoras que transmiten sin autorización del Poder Ejecutivo", lo que considera está "afectando seriamente" principios constitucionales.
La acción de amparo afirma que la Ursec "ha sido intimada para que cumpla con sus obligaciones y no continúe en la omisión de controlar el espectro radioeléctrico nacional", por lo que se debería disponer el decomiso de los equipos de las emisoras que transmiten sin autorización y su cierre.
La agremiación de radios del interior añade que se realizaron cientos de denuncias de emisoras que transmiten sin autorización, "indicando claramente su ubicación a las autoridades de la Ursec".
A esas cientos de emisoras, la RAMI agrega las que se presentaron al censo establecido por ley en 2007 y que no han sido autorizadas a transmitir, "por lo cual obviamente deberán ser cerradas y sus equipos decomisados". Señalan que "hoy son más de 500 las emisoras que en el interior transmiten sin autorización".
Según RAMI, "esa proliferación de empresas fantasmas que no cumplen con ninguna regulación, generan un grave perjuicio al trabajo formal y a las empresas que actúan dentro del marco de la licitud, generan cierres de empresas, inseguridad jurídica, despidos y afectan al trabajo constituido quebrando el precepto constitucional".
En otro pasaje, la acción de amparo de la entidad reitera que la "única responsable de la omisión de control y aplicación de las sanciones es la Ursec, no depende de la opinión del Poder Ejecutivo".
Sostiene que dicha omisión "genera graves perjuicios" y, que no se dispone de otro camino que esta vía legal para "requerir la debida e inmediata acción de cumplimiento de sus poderes legales".
Perjuicios. "Al no decomisar equipos de las emisoras que transmiten sin autorización, éstas se vuelven a instalar en cualquier otro lugar", lo que provoca "interferencias, competencia desleal, sembrando el desconcierto entre los trabajadores y provocando pérdidas de puestos laborales por la imposibilidad de sostener los comercios legalmente establecidos", indica el escrito. Luego explica que no debe olvidarse "que uno de los pilares económicos de las emisoras de radio es la venta de espacios publicitarios que son comercializados por estas emisoras ilegales a precios irrisorios, dado que sus costos, al no cumplir con ningún aporte tributario nacional ni departamental, ni con laudos de los trabajadores, son ínfimos y pueden sostenerse de esa manera".
La acción de amparo menciona diversos informes de la Asesoría Letrada de la Ursec, que comparten el criterio de la RAMI respecto a la incautación y cierre de las emisoras en infracción. Recuerda un informe que la propia Ursec presentó ante el juzgado de Paz departamental de Chuy en el año 2006, en que expresa que "el marco normativo vigente aplicable dispone el decomiso de los bienes detectados en infracción, sanción que podrá ser aplicada en forma exclusiva o accesoria a las demás previstas".
Ese informe dice que "se trata de una sanción administrativa, cuya competencia, tanto para disponer como para proceder al decomiso de las emisoras radiodifusoras que operen sin la debida autorización del Poder Ejecutivo, está atribuida legalmente al Poder Ejecutivo o la Ursec, según el caso de acuerdo a lo dispuesto por la ley 17.296 de 21 de febrero de 2001".
RAMI representa a 150 emisoras asociadas. Según sus estatutos, uno de los fines que tiene es la representación de sus asociados ante los organismos públicos y privados; otro de sus fines es asumir la defensa de la radiodifusión privada y libre.
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