Gobierno deberá levantar secreto bancario, según nuevos tratados

El acuerdo que Uruguay firmó con México para eliminar la doble imposición supone que el gobierno debe buscar información a pedido de su contraparte, aun si esta no tiene una presunción de evasión fiscal y sin poder alegar el secreto bancario.

Los expertos tributarios consultados por El País difieren respecto al "riesgo" o no que supone este estándar de intercambio de información que será aplicado por Uruguay en los demás acuerdos para evitar la doble tributación que el país firme.

El acuerdo fue enviado por el Poder Ejecutivo al Parlamento para su ratificación, pero en el proyecto de ley -publicado en la web de Presidencia- no aparece el texto del convenio.

Ese texto -al que accedió El País- establece en su artículo 26 -que regula el intercambio de información- que "las autoridades competentes intercambiarán la información que previsiblemente sea relevante para aplicar lo dispuesto en el convenio, o para la administración o ejecución del derecho interno, relativa a los impuestos de cualquier naturaleza".

También señala que "cuando la información sea solicitada por un Estado (...), el otro Estado utilizará todas las medidas de recopilación de información para obtener la información solicitada, incluso si el otro Estado no necesita dicha información para sus propios efectos impositivos".

Estos párrafos establecen que cada vez que el fisco mexicano lo solicite, la autoridad competente uruguaya -en el tratado está definida como el Ministerio de Economía- deberá obtenerla por todos los medios posibles. Eso supone realizar inspecciones específicas para el fisco mexicano y flexibilizar el secreto tributario.

En otro de los párrafos del acuerdo se indica que el Estado uruguayo "en ningún caso" estará obligado "a adoptar medidas administrativas contrarias a la legislación y práctica administrativa" o a "suministrar información que no se pueda obtener según la legislación o en el ejercicio de la práctica administrativa" o a suministrar información que revele cualquier secreto comercial, empresarial, industrial, mercantil o profesional o procedimientos comerciales o información cuya revelación sería contraria al orden público".

Sin embargo, en el último párrafo se afirma que "en ningún caso" las disposiciones del párrafo anterior "deberán interpretarse en el sentido de permitir que un Estado se niegue a proporcionar información únicamente debido a que la misma está en poder de un banco, otra institución financiera", entre otros.

Estas disposiciones regirán en otros acuerdos que Uruguay firme, buscando salir de la lista gris de la OCDE (ver aparte). Además de México, existe otro acuerdo firmado con España.

DIFERENCIAS. El socio director del Departamento Tributario de Ferrere, Alberto Varela, dijo a El País que "nos vamos a ir desayunando de lo grave que es (este acuerdo) a medida que se vaya poniendo en práctica".

En cambio para la senior manager de Fiscalidad Internacional de PricewaterhouseCoopers, Eliana Sartori, "no hay tanto riesgo" y señaló que firmar estos convenios "es una buena práctica" ya que "el intercambio de información per sé no es malo".

Según Varela y el también integrante del Departamento Tributario de Ferrere, Gianni Gutiérrez, tal como quedó el estándar de intercambio de información "cada vez que el Fisco mexicano lo pida, la DGI uruguaya va a tener que suministrarle toda la información que tenga sobre una persona o sobre un contribuyente uruguayo. Por lo tanto en esta materia habrá una notoria flexibilización del `secreto tributario`".

Afirman además, que "no será necesario que la información que requiere el Fisco extranjero sea para investigar un caso de defraudación. Se podrá tratar de una inspección común y corriente que el Fisco extranjero está realizando a un contribuyente en España o en México. Es decir, podrá tratarse de lo que se conoce como `expedición de pesca` respecto de un contribuyente".

También sostienen que varios aspectos para los que la DGI no tiene derecho de obtener información para sí misma, sí deberá obtenerlos para los otros fiscos: como el consumo de tarjetas de crédito o movimientos de cuentas bancarias.

Por su parte, Sartori señaló a El País que hay "normas que son de interés general que están por encima del acuerdo, por lo que es muy difícil que el convenio venga a cambiar algo superior".

Según esta tributarista, los acuerdos de este tipo darán "seguridad jurídica de las reglas de juego aplicables a los inversores" y hasta pueden ser "disuasivos" del lavado de activos.

Uruguay en trámite con 12 países para salir de "lista gris"

El acuerdo firmado con México es el primero que se envía al Parlamento para ser ratificado. Además de ese convenio, ya hay otro firmado con España y dos más prontos para ser rubricados: con Portugal y con Alemania. Todos incluyen el mismo estándar de intercambio de información en su artículo 26.

Uruguay también negocia acuerdos de este tipo con Chile, China, India y se han iniciado conversaciones con Mónaco, Andorra y Corea según había revelado el ministro de Economía y Finanzas, Álvaro García a El País la semana pasada. García adelantó que además se "iniciarán negociaciones con Italia y Francia, entre otros países".

Los países nombrados -en una u otra etapa del proceso de negociación- suman 12. Justamente ese es el número de acuerdos firmados que debe tener un país para salir de la lista gris de la OCDE y pasar a la categoría de países cooperantes que han implementado sustancialmente el intercambio de información.

El ministro dijo que el gobierno negocia "con varios países a la vez" la firma de estos convenios y que de hecho ha ampliado la lista original tratando que las gestiones se concreten lo antes posible.

Datos van "en un solo sentido"

Para el socio de Ferrere, Alberto Varela "todo el mundo piensa que (estos acuerdos) son para evitar la doble imposición pero lo que en realidad hay es un intento de los países desarrollados por perseguir a sus contribuyentes en el extranjero". En ese sentido, señaló que en los acuerdos que firme Uruguay, "la información viaja en un solo sentido". Varela entiende que "a nosotros, la información de los uruguayos en México, en Portugal o en España no nos interesa". Eso es porque el Estado uruguayo grava la renta de "fuente uruguaya", es decir la que se origina en el país. Además "no tenemos empresas trasnacionales" que puedan utilizar otros estados para evadir impuestos. Por ese motivo, será más frecuente que los estados extranjeros pidan datos a la DGI que al revés.