Clubes deben depositar sumas anteriores al embargo
EDUARDO DELGADO
El embargo de los créditos al Grupo Casal se reducirá del 100% al 17%, según lo resuelto ayer por la jueza civil Loreley Opertti, quien tramita la demanda de la Dirección General Impositiva (DGI) contra ese grupo económico, al que acusa de una deuda millonaria por impago de impuestos. La magistrada también levantó los embargos en cuentas bancarias de los miembros del grupo demandados por la DGI.
Francisco Casal había paralizado su operativa como contratista de fútbol en Uruguay tras el embargo del 100% de sus créditos. La decisión de la magistrada de ayer le permitirá al contratista acceder al 83% de los créditos de las transferencias de los futbolistas que representa. Allegados a Casal dijeron a El País que retomará la actividad.
Para que la medida resuelta por Opertti se efectivice, el Grupo Casal deberá presentar un depósito de US$ 1.500.000 a la orden del juzgado en una cuenta que se abrirá con ese fin. En su resolución, la magistrada prevé que todas las transacciones y movimientos financieros se harán a través de los clubes deportivos y de la empresa Mattel Consultants Inc. También señala que cada transacción realizada por el Grupo Casal será comunicada en el plazo de cinco días a partir de su realización a la AUF, a la DGI y al juzgado, acompañando copia del contrato por escrito.
Opertti intimó a los clubes a que efectúen los depósitos que aún no han realizado de las sumas embargadas con anterioridad a este fallo, lo que deberán cumplir en tres días, bajo apercibimiento de incurrir en desacato.
Además de Casal, la modificación de la medida cautelar abarca a Julio Szafran, Daniel Delgado, Carlos Aguilera, José Herrera y Gonzalo Madrid. A ellos se agregan las empresas Darrel Equities S.A., Domex Associated S.A., Nikor Consulting S.A., Mikron S.A. y Mattel Consultans Inc.
alegato. La jueza recuerda que en su petición, los abogados de Casal alegaron que las medidas adoptadas, "en tanto equivalen al 100 % de créditos, han significado una especie de clausura de la empresa y perjudicado a los futbolistas que tienen un porcentaje de los créditos que debiera percibir el grupo". Añade que "se ha depositado hasta ahora por concepto de embargo de créditos una suma irrisoria frente a la pretendida" por la DGI y eso "fundamentalmente porque los cautelados no han continuado su actividad". Señala también que la continuación de la actividad empresarial "es una decisión de quien la ejerce", pero las medidas adoptadas no surtieron "el efecto de asegurar el crédito alegado por la Administración y de mantenerse como hasta ahora se convertiría en un perjuicio para todos, incluyendo aquel cuyo crédito se pretende garantizar: el Estado".
Óscar Brum y Leonardo Costa, abogados de Casal, solicitaron al juzgado reducir la medida cautelar de embargo del 100 al 20% y luego plantearon otras opciones, todas rechazadas por la DGI que alega que se deben US$ 104 millones. El director de DGI, Nelson Hernández, no respondió reiteradas llamadas de El País.
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