Patas cortas

PABLO DA SILVEIRA

La difusión del proyecto de ley de creación de una agencia de evaluación y acreditación universitaria generó una justificada inquietud. Yendo contra lo que son las mejores prácticas internacionales, el proyecto crea un profundo desequilibrio a favor de la Universidad de la República, a la que los redactores llaman obsequiosamente "el exponente arquetípico de la educación universitaria uruguaya".

La Universidad de la República tiene casi asegurado el control de un organismo a cuya evaluación deberán someterse en forma obligatoria (y casi sin apelación) todos sus competidores. Ella misma, en cambio, quedará exonerada de todo control externo. Ciertamente podrá acreditar sus carreras, pero eso dependerá de que quiera hacerlo. En el caso extremo, la universidad estatal podrá decidir sobre la vida y la muerte de sus competidores sin rendir cuentas ante nadie. Difícil imaginar un diseño institucional más torcido.

El rechazo a someter a la universidad estatal a toda forma de evaluación externa se funda en un concepto exacerbado de autonomía que se ha vuelto una rareza en el mundo. En este país seguimos confundiendo la saludable libertad que toda universidad necesita para definir sus rumbos académicos con la negativa a rendir cuentas ante la sociedad que la financia con esfuerzo.

Pero los autores del proyecto creen que esto no es demasiado grave porque, aunque la Universidad de la República escape a toda evaluación, todavía queda el mecanismo voluntario de la acreditación. Y el supuesto es que la institución va a someterse regularmente a ese mecanismo.

¿En qué se funda esa esperanza? El único argumento que se ha aportado hasta ahora fue formulado por uno de los autores del proyecto, el maestro Luis Garibaldi: "Si la experiencia previa indica que la Universidad de la República ha participado de los procesos de acreditación, ¿cuál puede ser la razón por la cual no participe en los futuros llamados, tan voluntarios como aquellos?".

Se trata de un argumento asombrosamente endeble. Y para que nadie tuviera que tomarse el trabajo de demostrarlo, los hechos se encargaron de hacerlo. En su edición del pasado 12 de noviembre, el semanario Búsqueda informa que las autoridades de la Universidad de la República decidieron retirar su carrera de enfermería de un proceso de acreditación que está actualmente en curso en el marco del Mercosur. El motivo es que "los estándares regionales no podrían ser alcanzados a breve plazo". O sea: si la universidad estatal intenta acreditar su carrera de enfermería va derecho a un fracaso.

El punto confirma algo que todos sabemos: esa misma Universidad de la República a la que el nuevo proyecto de ley quiere convertir en juez de todo el sistema universitario está teniendo dificultades para alcanzar unos estándares de excelencia que no son los más exigentes del mundo, sino aquellos que hemos acordado con países como Paraguay y Bolivia. No se trata de nada digno de festejo sino de una situación que nos causa dolor a todos. Pero de poco sirve negarla.

Puede que en los próximos días la universidad estatal cambie de idea, porque los plazos para la presentación de carreras han sido recientemente extendidos. Si eso llegara a ocurrir, es posible que el maestro Garibaldi diga en el futuro que nunca hubo ninguna duda al respecto y trate de mentirosos a quienes lo recuerden. Pero eso es parte de un estilo de discusión bien conocido. Lo verdaderamente importante es que su argumento ha sido refutado.