Silencio criticable

Sin perjuicio de otros comentarios formulados y de las variadas consideraciones que se han vertido sobre el ya famoso caso Feldman, es oportuno insistir sobre el tema para rescatar de él una serie de reflexiones que se mantienen vigentes, que tienen que ver con la actuación cumplida por el Parlamento, las omisiones del Poder Ejecutivo y la atención con que deben seguirse las etapas que se vienen cumpliendo en el Poder Judicial.

Más allá de esa reacción casi automática que lleva al oficialismo a considerar como políticas casi todas las actuaciones que se promueven por la oposición, en este caso no puede desconocerse el derecho del Poder Legislativo a estar informado sobre hechos graves que ocurren en el país y la facultad de hacer uso de los mecanismos constitucionales que dispone para acceder al conocimiento de los mismos, actuando a la vez como caja de resonancia para transmitirlos a la opinión pública. En ese sentido, la interpelación promovida por el diputado Borsari con el respaldo del Partido Nacional a los ministros del Interior y de Defensa Nacional fue útil para reivindicar ese protagonismo, saludable en un Estado de Derecho e irrenunciable en un régimen democrático. Esa característica pasó casi desapercibida en la emergencia y corresponde destacarla como uno de los resultados de la misma, en un caso que provocó alarma pública debido, como lo reconoció el Ministro del Interior, a la incautación de armas más grande que ha tenido lugar en los últimos cuarenta años.

Desde el primer momento, y sin que nadie preguntara sobre ello, quienes intervinieron en los hechos se apresuraron a declarar espontáneamente que de las actuaciones cumplidas no había surgido ninguna vinculación política y ante setenta y nueve preguntas concretas que se formularon en Sala, de los más variados alcances, en la abrumadora mayoría de los casos, se prefirió mantener un pudoroso silencio, que debe considerarse como un agravio al Parlamento y un desconocimiento de sus facultades. Y no era poca cosa lo que estaba en juego, sobre todo si se tiene en cuenta que el operativo puso al descubierto un arsenal de más de mil unidades entre fusiles, granadas de mano, granadas de fusil, granadas antitanque, revólveres, pistolas, escopetas, instrumentos para recargas de municiones y más de doscientos kilogramos de pólvora, dejando expuestas una serie de errores de procedimiento que causaron también la muerte de un policía y de la persona buscada, que dispuso de toda una noche para hacer desaparecer material vinculado al tema y que en caso de mantenerse viva podría haber aportado valiosa información para aclarar antecedentes sobre los hechos.

Las actuaciones posteriores, por su parte, sirvieron para poner de manifiesto serias contradicciones con las que se manejaron inicialmente, que se extendieron incluso a la exhibición de lingotes de oro y monedas mexicanas en los primeros momentos y la omisión de toda referencia a ellos en las etapas siguientes, agregando más desconcierto a un procedimiento que el propio Poder Ejecutivo no mostró mucho interés en aclarar ni ante el Parlamento ni ante la población, amparado en el secreto de las actuaciones judiciales. Esas actuaciones judiciales tienen una pesadez de trámite natural y el propio Parlamento debe estar interesado también en protegerlas, pero ello no impide ni limita su interés en conocer lo que está ocurriendo en determinados episodios de interés público, que le fue radicalmente retaceado en este caso, lo que no impidió que en la misma interpelación el legislador actuante proporcionara una serie de datos que disponía y que deben haber resultado útiles a la investigación.

Hasta ahora una de las mayores deficiencias del gobierno ha estado registrada en el manejo de la seguridad individual de la población. La crónica policial y el testimonio de numerosos comerciantes y hombres y mujeres comunes que han sido objeto de hurtos reiterados y de rapiñas, cada vez más audaces, dan prueba de esa circunstancia. El descubrimiento, ahora, de un arsenal de características amplias, unido a una voluntad manifiesta de no informar sobre lo ocurrido, le otorgan a esa inseguridad un marco y unas posiblidades mayores. Ese deliberado silencio oficial y la negativa a transmitir tranquilidad es, por lo tanto, el saldo más preocupante de la interpelación, y en la hora de los balances, una consideración que no puede ignorarse.