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Desmintiendo la propaganda del gobierno entorno a su nueva política de seguridad y a sus mayores inversiones en el rubro, el motín en la cárcel de Las Rosas, en Maldonado, con un saldo de dos reclusos muertos, desnudó las graves carencias de nuestro sistema carcelario. El fallo del juez, en donde se absolvió a un policía acusado de reprimir en exceso, resulta elocuente sobre las omisiones comprobadas a raíz del trágico episodio. "El Estado mandó a sus hombres a disolver un motín sin un plan de operaciones, sin oficial a cargo, sin balas de goma, sin faroles; en definitiva, de la forma ideal para que ocurriera la tragedia que finalmente ocurrió", expresó el magistrado.
Caos, imprevisión, improvisación, ese es el cuadro que surge de la indagatoria judicial. En la prisión fernandina había sólo once guardias al cuidado de doscientos reclusos que se amotinaron y lograron evadirse de sus celdas. Apenas once guardias mal pertrechados y peor dirigidos a los que resultaba difícil pedirles que actuaran con serenidad y que reprimieran la rebelión con un uso "proporcional, gradual y racional" de la fuerza, tal como ordena el reglamento. Según el juez penal actuante, "la situación anormal y de extrema tensión" en la cárcel ambientó el cruento desenlace, razón por la cual optó por no procesar al policía acusado de homicidio, una decisión que fue apelada por el fiscal.
Más allá del resultado final de la instancia judicial y de las valoraciones que puedan hacerse sobre el fallo en cuestión, importa señalar que el incidente confirma la existencia de una defectuosa política carcelaria.
Corresponde recordar que este motín con dos víctimas no fue el primero en Las Rosas sino el tercero en lo que va del año, lo que demuestra que hubo una absoluta falta de previsión que no es exclusiva de la prisión fernandina sino que es común en la mayoría de los recintos carcelarios de nuestro país. No es casual que en un lapso de tres meses hayan perecido en nuestras prisiones, de manera violenta, nueve reclusos.
Nueve muertos, cifra vergonzosa para cualquier gobierno y más aún para quienes tanto presumen de respetar los derechos humanos.
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