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ANDRÉS OPPENHEIMER
Los recientes bloqueos de calles que casi paralizaron Ciudad de México y Buenos Aires, impidiendo a millones de personas llegar a su trabajo, se están convirtiendo en un serio problema económico. Pero tienen costos invisibles que pueden llegar a ser mucho más preocupantes que su impacto monetario inmediato.
Activistas del sindicato de electricistas mexicanos han estado cortando calles y caminos de acceso a Ciudad de México, impidiéndole a la gente ir a trabajar y a los niños ir a la escuela.
Simultáneamente, en la ciudad de Buenos Aires, donde los "piqueteros`` cortan las calles a diario, se produjo un caos vehicular mayor que el habitual cuando una huelga de trabajadores del subterráneo obligó a decenas de miles de personas a usar sus autos para llegar al centro de la ciudad.
En los primeros nueve meses de este año, Buenos aires sufrió 440 bloqueos de calles por protestas sociales, más de uno por día, según el diario La Nación.
La Cámara de Comercio de la Ciudad de México, a su vez, calcula que en esa ciudad se produjeron durante el mismo período casi 200 marchas que obstruyeron el tránsito.
Las marchas le cuestan a Ciudad de México un mínimo de US$140 millones mensuales en ventas perdidas, porque la gente no puede llegar a los comercios, según la Cámara.
"Y eso sin contar las horas de trabajo perdidas``, dice Arturo Mendicuti, presidente de la Cámara. "Yo mismo me he pasado más de tres horas varado en el tráfico``.
Los bloqueos de calles también están perjudicando las inversiones extranjeras en un momento difícil, en que, según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe de las Naciones Unidas (CEPAL), se espera que la inversión extranjera en la región caiga un 40 por ciento este año debido a la recesión mundial.
"Los cortes de calles empeoran un clima económico ya de por si complicado``, dice Eric Farnsworth, vicepresidente del Consejo de las Américas, un grupo con sede en Nueva York que representa a 190 empresas con negocios en Latinoamérica.
"Dificultan a los trabajadores llegar a sus empleos, y a los productos llegar a los mercados. Además, perjudican las inversiones, porque las empresas no quieren instalarse ni expandirse en lugares con un clima volátil``.
Durante la reciente Conferencia de las Américas realizada en Miami, presencié un debate fascinante sobre estas protestas entre el jefe de gobierno (alcalde) de Buenos Aires, Mauricio Macri, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Daniel Scioli, y el congresista mexicano Luis Enrique Mercado.
Macri, un líder de la oposición, culpó al gobierno de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner por no ordenarle a la policía que mantenga las calles transitables y dijo que el aumento de cortes de calles "está llevando a Argentina a límites nunca pensados que van en dirección de una sociedad anárquica, en la que se va a perder inversión, se va a perder empleo, y va a aumentar la pobreza``.
Scioli, del partido oficialista, disintió, argumentando a favor de la moderación y de la resolución de conflictos mediante el diálogo.
"No se trata de imponer orden a cualquier costo``, dijo Daniel Scioli. "Hay situaciones muy violentas con consecuencias fatales. Hay que encontrar un equilibrio en el marco del Estado de derecho, el respeto a la propiedad privada y el reclamo de los trabajadores``.
Mercado, del partido oficialista mexicano Acción Nacional, casi saltó de su asiento. Meneando la cabeza en desacuerdo, dijo que "cuando las sociedades entran en una cultura en la que se tolera violar la ley, la gente dice: `Si puedo violar la ley un tantito, puedo violar la ley un poquito más`. Es una escalada``.
Agregó que la actual ola de violencia de los carteles del narcotráfico en México "no es algo que surgió de la nada. Empezó con la gente diciendo, si puedo violar la ley de tránsito, puedo violar otras. Esto es el resultado de una cultura de la ilegalidad que escaló a límites inconcebibles``.
Mi opinión: Estoy de acuerdo. La ola de bloqueos de calles es algo más grave que una perturbación económica. Tiene un costo invisible mucho mayor, porque erosiona la base moral de las sociedades.
La solución no es castigar con azotes a los manifestantes no autorizados, como se hace en Singapur, ni encarcelarlos o recluirlos en hospitales psiquiátricos durante décadas, como se hace en Cuba.
Pero debería haber consecuencias legales para quienes violan las leyes y cortan calles, perjudicando los derechos de los demás.
De otra manera, los costos invisibles de los bloqueos callejeros serán cada vez mayores, y la cultura de la ilegalidad seguirá creciendo.
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