Certamen. El proyecto obliga a autoridades a rendir cuentas
JAVIER LYONNET
Ciudad de Guatemala
El Pais en Guatemala
Compraron cepillos de dientes a US$ 2 cuando podían haber pagado US$ 0,18. Esto sucedió en la municipalidad de Maringá, estado de Paraná, en Brasil. Fue uno de los casos que motivó a una organización civil a iniciar un inusual proceso de auditoría.
El Observatorio Social de Maringá fue el proyecto ganador de la V Feria de Innovación Social organizado por Cepal (Consejo Económico para América Latina y el Caribe), que anunció sus ganadores el viernes en Guatemala.
La iniciativa uruguaya, Cuenta quien cuenta (de Paysandú) no figuró entre los cinco ganadores, aunque su competidor directo, otro trabajo de alfabetización, el argentino Abuela cuenta cuentos, ocupó el quinto lugar que otorga US$ 5.000.
Para las docentes uruguayas, más allá de la frustración por no haber logrado un aporte económico para su iniciativa, la participación en la Feria fue muy exitosa.
La secretaría de la alcaldía de la ciudad de Guatemala, sede del encuentro internacional, manifestó su interés en la aplicación del proyecto que en Uruguay ha alcanzado a 500 familias y 1.600 niños de centros educativos rurales de Paysandú. "Nos invitaron a presentar el sistema en junio del año que viene, junto con la Facultad de Psicología Social de la Universidad de San Carlos porque aquí tienen el mismo problema en la alfabetización y no tienen estrategias combinadas como la que nosotros desarrollamos", contó a El País una de las coordinadoras del programa, Mabel de Agostini.
Con un presupuesto de US$ 100 millones, en la localidad de Maringá se comprobó el desvío de US$ 57 millones, debido a maniobras de un secretario y del intendente, contó a El País Fernando Otero, uno de los responsables del Observatorio Social. "Tres años después, vimos que la única forma de que la comunidad actuara frente a eso era iniciar un proceso de concientización social del uso del dinero del público, que no es dinero público", dijo.
Se formó la Sociedad Éticamente Responsable, con el objetivo de fiscalizar el destino del gasto público, "estimular el ejercicio de la ciudadanía, movilizar el trabajo voluntario en acciones de responsabilidad social, educación fiscal, ambiental, civismo y cultura".
"En tres años logramos que la municipalidad ahorrara US$ 12 millones", expresó Otero. Con esos fondos, el gasto público en educación creció 25% y en salud 12%. Mejoró la educación de tiempo completo, se construyeron gimnasios "y todo lo que compró Maringá fue al precio justo", dijo Otero, referente social de esta ciudad a 400 kilómetros de las cataratas del Iguazú, en un castellano argentino con mínimos rasgos de portuñol.
Esta injerencia social en las cuentas públicas fue percibida por el intendente como "una oportunidad de alianza con la sociedad". La movilización iniciada supervisó cada licitación, desde el inicio del proceso hasta el final. "Tenemos acceso a los documentos, y cuando hay fraudes en la municipalidad lo ponemos en conocimiento del gobierno para que inicie los procesos administrativos", describió Otero. "Es una oportunidad para la transparencia, un intendente inteligente quiere a la gente de su lado; de su ética política depende su futuro político", dijo Otero.
En el proceso, esta organización civil involucró "a la justicia, el ministerio público, los empresarios proveedores del Estado, cooperativistas". "La metodología es simple", dijo el coordinador, "es entender la legislación, que se compre lo necesario y se pague lo justo".
Actualmente, este sistema se aplica en 41 ciudades brasileñas de nueve estados diferentes y es perfectamente aplicable en cualquier comunidad local de cualquier parte del mundo, uno de los elementos que tuvo en cuenta el jurado para otorgarles el premio de US$ 30.000.
"Es muy novedoso y un trabajo sofisticado, y responde a un clamor de toda América Latina, es hecho con trabajo voluntario, a un costo muy bajo, exige un gran compromiso y produce una ciudadanía moderna que paga impuestos pero exige rendición de cuentas", dijo a El País la economista colombiana Norah Rey de Marulanda, integrante del jurado.
Además de este proyecto brasileño, de entre 13 participantes que estaban en la final, fueron premiados programas de desarrollo innovador de México, Chile, Costa Rica y Argentina.
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