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En los primeros días de diciembre se realizará en Montevideo un congreso declarado de interés nacional por el Presidente de la República; de interés judicial por la Suprema Corte de Justicia; de interés parlamentario por la Cámara de Diputados y de interés universitario, por la Facultad de Derecho. La convocatoria se debe a los 20 años de vigencia de la Convención de los Derechos del Niño.
En dicho Congreso "se propone el debate y análisis de cumplimiento" de la mentada Convención. Surgen entonces, inmediatas reflexiones bastante negativas. Porque si bien es importante que el Uruguay sea uno de los países adheridos a los principios inherentes a la Carta de Naciones Unidas, así como a la Declaración Universal de los Derechos del Hombre y de los Derechos del Niño, son notorias las falencias que a este respecto se repiten en nuestro territorio, junto a novedades introducidas en nuestra legislación por la bancada frenteamplista en este período, que creemos contrarias a la mejor protección de los menores y el respeto a sus derechos.
El artículo 40, por ejemplo, habla del derecho de todo niño de quien se alegue que ha infringido las leyes penales o a quien se acuse o declare culpable... a ser tratado de manera acorde con el fomento de su sentido de la dignidad y el valor...la importancia de promover la reintegración del niño y que éste asuma una función constructiva en la sociedad. Sin embargo, el desempeño del INAU, la institución que debe cumplir con estos preceptos, es lo más reñido que puede haber, con ese mandato. La ineptitud de sus autoridades, con tres cambios de sus titulares en lo que va de este gobierno, además del enrarecido clima gremial de los funcionarios, en continua confrontación con los directores, conforman un panorama tan caótico como pernicioso, para los jóvenes a su cargo. Absolutamente alejado del compromiso asumido como firmantes de la Convención.
Sobran los ejemplos que hablan de las condiciones absolutamente reñidas con lo aconsejable para reeducar a los infractores o delincuentes. El hacinamiento, en la decena de hogares, (cruel ironía) es moneda común y así en el Hogar Puertas, según se informara el 10 de octubre pasado, 31 menores se encontraban recluidos en tres celdas, con cuatro camas cada una. Siendo la tercer celda la peor, pues da a un corredor sin luz ni ventilación y allí en la penumbra, con olor pestilente, se divisa una decena de cuerpos tendidos sobre las camas o en colchones en el piso.
Muy lejos de la tarea de rescatar a los jóvenes del abismo en que han caído, por pobre o nula contención familiar, inexistencia de valores; por vivir en la indigencia, a menudo convertidos en adictos a las drogas; se percibe que los responsables de cumplir con estos mandatos sociales, son incapaces de lidiar con el problema. Por lo cual, no sólo no se recuperan los infanto juveniles, sino que además reina el desorden, con las fugas y los motines a la orden del día y los funcionarios recurrentemente amenazados y hasta heridos. En las últimas semanas (datos del 08 /11/ 09), de dos de los hogares de máxima seguridad, se escapó el 76% de los internos y en los primeros siete meses del año, figuran registradas 270 fugas. Tampoco faltan ni las denuncias de malos tratos, ni de corrupción, tráfico de drogas o las sospechas de todo tipo. Siendo la fracasada incursión del Padre Mateo , con su renuncia al poco tiempo, la mejor prueba de lo enfermo de todo ese mundo y las murallas infranqueables (no en sentido literal) que hay que tirar abajo para cambiar la realidad de esos reformatorios, que para lo que menos sirven , es para reformar.
Por otro lado, es mala noticia que gracias a la imposición de la mayoría, haya sido votada una reforman al Código de la Niñez que rechina, tanto por su mala confección y ambigüedad, como por lo que persigue. Aparte de buscar darle el monopolio de las adopciones al INAU, quitando del medio al Movimiento Familiar Cristiano, de larga y satisfactoria trayectoria, dedicado voluntariamente a proporcionarles hogares adecuados a los niños, se intentó también minar la competencia de la Justicia. Pero está tan mal articulado, que los jueces reclaman un clarificación de las normas o una ley interpretativa. Como en el caso de las parejas homosexuales que podrían adoptar, lo que significaría violentar el derecho del niño a un hogar en consonancia con la naturaleza, aunque la ley dice que deberá llevar apellido de padre y madre.
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