Cárcel de Las Rosas: piden procesamiento de policías
Centros. Crece tensión por el hacinamiento de los reclusos
M. GALLARDO / E. BARRENECHE
El fiscal de Maldonado, Luis Pacheco, pidió el procesamiento con prisión de efectivos policiales por la muerte de dos reclusos de la cárcel de Las Rosas. Aumenta el clima de tensión por el hacinamiento y el consumo de pasta base.
Durante un motín ocurrido el 21 de octubre de este año, los internos José Garracini y Horacio Julián Dutra fallecieron por varios disparos.
Según una pericia balística efectuada por la Dirección de Policía Técnica, las balas provinieron de armas reglamentarias de la guardia de la cárcel de Las Rosas.
El fiscal Pacheco pidió el enjuiciamiento de varios funcionarios policiales, pero no se conoce la cantidad de efectivos involucrados en el pedido. Tampoco se sabe si la petición también abarca a los reclusos con responsabilidad en la refriega.
El expediente fue elevado ayer al juez penal de 4° Turno de Maldonado, Gabriel Ohanian, quien se expedirá sobre el pedido de procesamiento y prisión el lunes 16 cuando los involucrados y sus abogados defensores sean notificados de la vista fiscal y del pronunciamiento del propio magistrado.
El 29 de octubre pasado, policías y familiares de los efectivos que trabajan en la cárcel marcharon por las calles del centro de Maldonado en protesta por la investigación judicial realizada a los guardias.
El presidente del sindicato policial, Carlos Benítez, indicó que el motín en la cárcel era algo "previsible" y estimó que son las autoridades de la Jefatura fernandina quienes deberían dar la cara por los hechos. "Los guardias de Las Rosas estaban en inferioridad numérica y sin municiones de goma ni equipamiento adecuado para detener una fuga masiva", advirtió.
Los problemas no cesaron en Las Rosas. El miércoles 11 ocurrió una segunda revuelta en esa cárcel. El incidente comenzó con una reyerta entre reclusos de los sectores 8 y 9, que incluyó un boquete para pasar de un sector a otro y terminó con tres heridos y un recluso procesado.
Al día siguiente, los jueces penales de Maldonado, Adriana Graziuso y Ohanian, informaron a la Jefatura de Policía que no concurrirán a la próxima visita cuatrimestral de presos porque no existen mínimas condiciones de seguridad en Las Rosas.
PASTA BASE. Tanto el comisionado parlamentario Álvaro Garcé como mandos medios de la Dirección de Cárceles alertaron que crece el clima de violencia dentro de los establecimientos penales del país.
"Hay una tendencia general a la repetición de episodios de violencia" en los establecimientos penitenciarios, afirmó Garcé a El País.
El jueves 29 y el viernes 30, dos reclusos murieron en enfrentamientos con "cortes" en los módulos 3 y 5 del Comcar. Uno de los enfrentamientos fue filmado y trasmitido por un canal de televisión.
Según Garcé, ese tipo de incidentes entre reclusos "no es algo nuevo, original. Es algo que ocurre muy a menudo en las cárceles uruguayas".
A su juicio, los factores que promueven la violencia intracarcelaria es un "combo" conformado por el elevado consumo de pasta base, ocio, debilidades en la seguridad y el hacinamiento.
El martes 3, Garcé informó al Parlamento que "día a día, miles de jóvenes encarcelados consumen pasta base y otras drogas, en una carrera destructiva que, además de afectar su salud y su propia dignidad como personas, compromete seriamente las posibilidades de una futura reinserción social".
Para Garcé, la pasta base significa "una amenaza" y "una hipoteca" de la seguridad de las cárceles uruguayas tanto a corto como a mediano plazo. "A corto plazo, ese consumo de drogas afecta la interna día a día. Y a mediano plazo repercutirá afuera del penal cuando el recluso quede en libertad", explicó el ombudsman carcelario.
Según Garcé, la mayor parte de los incidentes ocurridos dentro de las cárceles tiene a la droga como un "trasfondo común", pese a que comienzan con situaciones ocasionales.
Mandos medios policiales coincidieron con Garcé al afirmar que el hacinamiento y el consumo de pasta base transforman, por ejemplo, al Comcar en una bomba de tiempo.
En celdas para una persona, por ejemplo, están alojados siete reclusos. Por las noches, dos guardias desarmados custodian a 500 o 600 reclusos de un solo módulo, sabiendo que muchos de los encarcelados poseen "cortes" carcelarios, agregaron.
Además saben que el apoyo de sus compañeros no está cerca. A varias decenas de metros de los módulos, en el Portón 22, se encuentran cuatro o cinco policías con armas. A veces, cuando hay personal suficiente, hay otras dos garitas con agentes armados. Es decir, los cinco módulos que estaban debajo del Portón 22 -los más conflictivos y que nuclean a unos 2.000 internos- cuentan en algunas noches con unos 15 guardias, señalaron las fuentes policiales.
CORTES. Las fuentes policiales indicaron que todas las semanas hay operativos de requisa donde se incautan unos 100 cuchillos artesanales.
Una situación similar ocurre con la droga. Las incautaciones también son casi diarias tanto a los familiares como dentro de los módulos, dijeron las fuentes. Los guardias no escapan del control. En lo que va del año, varios policías fueron atrapados por la Dirección Nacional de Inteligencia Penitenciaria por vender estupefacientes a los internos.
El comisionado Garcé tiene una opinión similar a la de los policías del Comcar. "Son pocos los casos de abstinencias de los presos. Eso pone en evidencia que existe el consumo dentro de las cárceles", advirtió en el Parlamento.
Hay amenazas a los familiares por drogas
"Lo que se consume adentro de las cárceles, se paga afuera". Esa es una antigua máxima de los presos, según afirmó el comisionado parlamentario Álvaro Garcé. Agregó que el consumo de drogas por parte de los reclusos genera enfrentamientos internos por deudas y amenazas a los familiares. "Esas amenazas son bastantes frecuentes. Recibo varias decenas de ellas por año. En un solo día atendí a tres familiares distintos por el mismo problema", dijo Garcé a El País.
Mediante llamadas telefónicas, los familiares son intimados a pagar por las drogas consumidas dentro de las cárceles o, en caso contrario, los presos deudores pagarían las consecuencias.
Tras recibir las denuncias, Garcé las trasmite al Ministerio del Interior para que otorgue protección a los reclusos, cuyas familias no pagaron las drogas.
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