Polémica universitaria

Es hoy una realidad que no discute (casi) nadie que la Universidad de la República atraviesa desde hace años una crisis profunda. Igualmente, que el surgimiento de universidades privadas, cuyo crecimiento explosivo es de por sí una prueba irrefutable de lo anterior, ha significado para el país un paso positivo, que ha permitido ampliar la oferta educativa ayudando a que el nivel de nuestros profesionales no se estancara. Sin embargo, el gobierno ha enviado al parlamento una propuesta que pretende limitar la actividad de las instituciones privadas, a la vez que las subordina de manera preocupante a la burocracia que rodea a la Universidad de la República, y que ha sido en gran medida la causa de su actual decadencia.

La idea en principio no parecía mala. Se trataba de crear una Agencia de Promoción y Aseguramiento de la Calidad de la Educación Terciaria (Apacet), que evaluara la calidad de las instituciones educativas universitarias. Sin embargo, el texto enviado contiene aspectos alarmantes, que dejan traslucir intenciones que van más allá de un simple control de calidad.

El primero es la integración del consejo directivo de esa Apacet. Allí, en un órgano de 5 miembros, la Udelar contará con 2 representantes, mientras que habrá sólo uno del Ministerio de Educación, otro de las privadas, y un quinto que representará a los sistemas que conformaran un Instituto Universitario. O sea que las privadas quedan en franca minoría.

Además el proyecto, que habilita a la Apacet a tomar medidas tan duras como revocar el reconocimiento de carreras e instituciones, prevé que antes de tomar cualquier determinación haya que consultar a la Udelar. Como si fuera poco, el Ejecutivo no podrá ir contra lo que resuelva esa Apacet salvo cuando se trate de una resolución en positivo, y solo por cuestiones formales, nunca académicas. Con lo cual todo lo que sea cuestión estrictamente "educativa" queda en manos de este organismo controlado por la Udelar. En los casos de reconocimiento de carreras o instituciones, tampoco podrá el gobierno tener injerencia, salvo que la misma sea positiva. O sea que si se revoca el reconocimiento a una institución existente, el gobierno no tiene nada que decir.

Pero no es intención de este artículo entrar en los detalles del proyecto, algo que ya se ha hecho en profundidad por columnistas de esta página (solo para recibir ataques de parte de varios jerarcas, en una muestra clara del ánimo sectario que hay detrás del proyecto), sino ilustrar sobre lo absurdo de algunos de los conceptos que subyacen detrás del mismo.

Para empezar, el proyecto parte de la base de que la "Universidad de la República es el exponente arquetípico de la educación universitaria uruguaya". Esto fue así en algún momento de nuestra historia, pero no es la realidad de hoy. Es el propio deterioro de la Udelar lo que ha motivado la aparición de las universidades privadas, y que cada vez más jóvenes deban hacer esfuerzos ingentes para acudir a ellas. Basta ver las cifras del crecimiento exponencial de estudiantes y, sobre todo, de egresados, para darse cuenta que no son un fenómeno caprichoso de ricachones, sino que están satisfaciendo una demanda creciente de los estudiantes. Quienes necesitan formarse en un plazo razonable, y con conocimientos que les permitan insertarse en el mercado de trabajo.

También está claro que el sistema educativo internacional va hoy en día en una dirección opuesta al sistema que defiende la Udelar. Algo que surge de los rankings internacionales de universidades, y que hasta fue comprobado recientemente por el rector Rodrigo Arocena en la conferencia de la Unesco. El propio Arocena desde que asumió su cargo ha hecho campaña diciendo que la Universidad necesita cambios urgentes. Sin embargo la primera medida seria que surge de un gobierno con notorias afinidades con los estamentos universitarios estatales, es pretender que esa misma institución estancada y con problemas, sea la encargada de supervisar el funcionamiento de las demás. Un funcionamiento que tanto el "mercado" como los estudios internacionales han demostrado que es mejor que el de su futura "evaluadora".

La gran pregunta que surge de todo esto es ¿no sería mejor que las autoridades y jerarcas universitarios se dedicaran a buscar mejorar el funcionamiento de una Udelar que a vista de todos está marchando mal, antes que erigirse en fiscales y tutores de las demás instituciones que están funcionando bien?