Libertades en peligro

En Buenos Aires comenzó anteayer la 65º Asamblea de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) que agrupa a los diarios de América Latina y algunos de España. Ese encuentro fue precedido durante el fin de semana por la realización de varios seminarios sobre avances tecnológicos y desafíos de la prensa regional. Se estima que a la asamblea concurren unos trescientos delegados, lo cual sucede en un momento particularmente delicado para la defensa de la libertad de opinión, en un continente donde siguen apareciendo casos de presión gubernamental para coaccionar a los medios opositores o simplemente críticos de la gestión oficial.

Se considera que las principales herramientas empleadas por ciertos gobiernos para intimidar a los medios independientes, comprenden por ejemplo la antojadiza asignación de la publicidad oficial, que recae generosamente en los amigos pero no en los periódicos inamistosos, cosa que ocurre sin ir más lejos en Venezuela, Argentina, Ecuador, Nicaragua o Bolivia. Otro instrumento es el control sobre el suministro de papel, que puede sufrir pesados impuestos o la intervención estatal en las plantas que lo producen, como forma de "acorralar a los medios periodísticos hasta extenuarlos", como señaló un sagaz observador.

Un tercer método al respecto puede ser el acoso gremial. De hecho, el miércoles 4 y nuevamente el viernes 6, piquetes del sindicato de camioneros dominado por el principal dirigente de la CGT argentina, bloquearon las plantas de impresión y el centro de distribución de los dos principales diarios que se publican en Buenos Aires, para obligar a los choferes de esa flota distribuidora a afiliarse a su sindicato y así monitorear dicho funcionamiento. No parece casual que los episodios se hayan producido a las puertas de la reunión de la SIP y frente al "contraencuentro" convocado desde la embajada de Venezuela para "hacer frente" a la SIP, protesta que según sostiene la prensa porteña cuenta con asistencia de legisladores, sindicalistas y funcionarios argentinos, uruguayos, brasileños, venezolanos y colombianos.

Un cuarto dispositivo en la materia es la legislación, porque la fuerza de una norma legal también es capaz de obligar a los medios (tanto de prensa como audiovisuales) a plegarse a las imposiciones del Estado. Al amparo de esos textos, un gobierno puede condicionar a las empresas periodísticas o proceder a su clausura. Un ejemplo de ello es el cierre de un canal y decenas de radios venezolanas invocando "la democratización de las comunicaciones" para entregar esas ondas a "emisoras comunitarias", mientras en Ecuador se "revisan las licencias adquiridas" aduciendo permisos otorgados de forma irregular, aunque desde luego tales medidas recaen en los medios que cuestionan a los centros de poder.

No hay tejido más frágil que el de las libertades, esa malla en que las sociedades pueden cobijarse cuando tienen la buena suerte de vivir bajo un régimen respetuoso de la dignidad del hombre y respirar con la comodidad que permite una mentalidad tolerante. Además de frágil, el manto de las libertades es también impalpable, porque ni se lo nota cuando se disfruta de su integridad, aunque comienza a lamentarse su falta cuando la libertad se agrieta y va perdiendo algunas de las garantías que aseguran su vigencia. Las amenazas anotadas más arriba, que pesan sobre la libre expresión, constituyen una de esas grietas, que una vez abiertas ya resultan muy difíciles de cerrar.

Y por fin otro de los engranajes de que se valen algunos gobiernos para acosar a la prensa es el atentado, que puede recaer en la sede de las empresas o afectar directamente a algún periodista. Eso tiene su versión suavizada en la amenaza, así sea verbal. El presidente ecuatoriano, pongamos por caso, en varias ocasiones ha acusado a los medios de ser "mentirosos", "corruptos", "conspiradores" y "mediocres". No hace falta analizar si las imputaciones responden a la verdad, para razonar que ese vocabulario presidencial anuncia la proximidad de la censura. El Uruguay de hoy no está libre de dichas sombras, porque hace un mes el presidente de la República acusó a la crónica policial de los medios de ser "repugnante" y "denigrante" por la forma en que presenta los episodios de violencia criminal que suceden en el país. Podría haber agregado que también los hechos delictivos que motivan esa crónica roja, son a veces repugnantes y a menudo denigrantes, pero no lo hizo.