Tribunal observa sin tener competencia, dice la IMM
Carrasco. Intendencia habla de interpretaciones "erróneas"
A. L. R.
La Intendencia considera que el Tribunal de Cuentas no tiene potestades jurídicas para hacer algunas de las observaciones a la licitación del Hotel Carrasco. También entiende que el organismo interpretó "erróneamente" ciertas partes del pliego.
El proceso de licitación del Hotel Casino Carrasco continúa su marcha, luego de que el lunes el intendente Ricardo Ehrlich firmara la concesión al grupo Codere - Sofitel. En unos cuatro meses podrían estar comenzando las obras. Y en aproximadamente dos años el hotel abriría sus puertas absolutamente remozado, con una inversión de unos US$ 63 millones (ver nota aparte).
La Intendencia también contestó el lunes las múltiples observaciones formuladas por el Tribunal de Cuentas de la República (TCR), aunque ya había anticipado que continuaría adelante con el proceso.
Pero según el prosecretario de la Intendencia, Jorge Rodríguez, no puede hablarse de "observaciones", porque el organismo de contralor "constitucionalmente está facultado a observar el gasto, y en este caso no se trata de un gasto de la Intendencia".
Así lo expresó también la resolución firmada por el intendente Ehrlich, autorizando la concesión al grupo Codere, en la que se utiliza la palabra "consideraciones".
En sus descargos, la Intendencia señala que "no advierte dónde radica la competencia de fuente constitucional o legal del Tribunal de Cuentas para decidir cuáles requisitos de las licitaciones son esenciales y cuáles no".
Esa posición motivó la reacción del edil colorado Gustavo Osta. "La Intendencia llevó el expediente al Tribunal alegando motivos de `transparencia`. Y después que le observa todo el procedimiento, alega una payasada desde el punto de vista jurídico, diciendo que no es un gasto. Es un disparate. El TCR actúa por el artículo 228 de la Constitución de la República, que refiere a la vigilancia de todo lo relativo a la hacienda pública. Con ese criterio, ninguna otra licitación debería ir al tribunal", declaró Osta a El País.
El representante del grupo Liberman, que se ubicó en el segundo lugar en el llamado a licitación, se expresó en términos similares. "¿Ahora se olvida la Intendencia que dijo públicamente que llevaba el expediente al TCR para darle transparencia al proceso? O sea que como les salió mal lo del tribunal, ahora dicen que no era necesario enviarlo", señaló Marcelo Graniero.
Liberman maneja la posibilidad de hacer una demanda judicial contra la Intendencia.
Recientemente, en una entrevista con El País, el director de Recursos Financieros de Intendencia, Enrique Cabrera, dijo que el TCR "no le quita el sueño" y que tiene una conformación política "que no corresponde al Uruguay actual".
"errónea". La resolución donde la Intendencia contestó las objeciones del Tribunal de Cuentas refiere a la capacidad jurídica de los oferentes para la explotación del casino y del hotel y señala que "hay una interpretación errónea del Pliego Particular de Condiciones por parte del Tribunal de Cuentas", ya que el mismo "no impide que la operación del casino y el hotel se realice mediante acuerdos con terceros, como ocurre a todo nivel en el mundo"
El TCR observa que la empresa adjudicataria habría incumplido con el pliego al no acreditar sus fuentes de financiamiento.
La Intendencia, sin embargo, entiende que el tribunal "se limita a opinar que no lo habría hecho (acreditar las fuentes de financiamiento), pero no dice en qué aspecto de su oferta radica dicho incumplimiento, por lo cual no es posible contestar una simple afirmación que no está acompañada por fundamento alguno".
Apertura estimada: dos años
Codere dispone de diez días hábiles para depositar la garantía del fiel cumplimiento del contrato, de unos US$ 7, 5 millones. Luego, tendrá cuatro meses para presentar su proyecto ejecutivo, que deberá ser aprobado, entre otros, por la Comisión de Patrimonio Histórico y Cultural. La empresa anticipó, de todos modos, que estará en condiciones de entregar el proyecto antes de la fecha límite. A partir de entonces, la Intendencia tendrá treinta días para autorizar el comienzo de las obras, que según el pliego, no podrán superar los 20 meses.
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