Pablo Da Silveira
El rector de la Universidad de la República viajó a París en julio pasado para asistir a una conferencia mundial de la UNESCO. A su retorno dijo estar preocupado. Según había constatado, el mundo va hacia sistemas universitarios integrados por instituciones estatales y privadas que compiten en un marco de reglas comunes y están sometidas a los mismos sistemas de evaluación externa. La propia UNESCO recomienda avanzar en esa dirección. Lo que no es poco decir, porque UNESCO, lejos de ser un supuesto antro de neoliberalismo como el Banco Mundial, es probablemente el organismo de Naciones Unidas más identificado con la izquierda cultural. Se trata de la misma organización a la que Ronald Reagan y Margaret Thatcher retiraron todo apoyo económico en los años ochenta.
El rector Arocena pudo haber concluido que los uruguayos debemos someter a examen nuestras prácticas, pero prefirió concluir que el mundo está equivocado. Y con eso no se limitó a expresar un punto de vista personal, sino una sensibilidad compartida por muchas personas que hoy ocupan puestos de responsabilidad en la universidad estatal y en el Ministerio de Educación y Cultura. Para ellos, "la Universidad de la República es el exponente arquetípico de la educación universitaria uruguaya", como escribe la ministra María Simón (ella misma una ex decana de la universidad estatal), en la exposición de motivos del proyecto de ley de creación de una nueva agencia de evaluación y acreditación universitaria llamada APACET.
Ni el rector Arocena, ni la ministra Simón, ni el director de educación Garibaldi parecen percibir que, desde hace ya años, los sistemas universitarios maduros han incorporado masivamente la idea de evaluación externa en pie de igualdad. Eso no representa ningún atentado contra la idea de autonomía sino un avance en términos de rendición de cuentas y responsabilidad social.
Las universidades toman sus propias decisiones y definen sus orientaciones de trabajo, pero dan cuenta de los resultados que obtienen tras utilizar los recursos que reciben. Hasta la mismísima Universidad de Córdoba, cuna de la tradición autonómica de mayor impacto en nuestro continente, participa de esta lógica.
La evaluación externa en pie de igualdad no sólo no es enemiga de la autonomía, sino que actúa como un importante motor de mejora. Cuando el mecanismo se introdujo en Inglaterra hace ya varias décadas, hubo múltiples sorpresas. Las universidades más prestigiosas y antiguas, como Cambridge y Oxford, confirmaron su liderazgo en algunas áreas, pero revelaron haber sido superadas en otras por instituciones con menos historia y abolengo. Eso permitió que esas nuevas instituciones fueran más tenidas en cuenta a la hora de distribuir recursos y despertó a quienes se habían adormecido en las universidades tradicionales. El resultado fue una mejora general del nivel académico.
En Uruguay tenemos una situación que ya es suficientemente rara: la Universidad de la República recibe anualmente más de 120 millones de dólares aportados por los contribuyentes sin rendir cuentas ante terceros. Pero el proyecto de creación de la APACET agrega una nueva rareza: ahora, esa institución que reclama recursos sin admitir ser evaluada por otros pasaría a tener el control (junto con otra institución universitaria estatal a ser creada), de un mecanismo de evaluación al que deberán someterse sus competidoras.
Algo que no se le permite a Oxford ni a Cambridge.
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