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Nueve reclusos muertos en las cárceles uruguayas en las últimas diez semanas es una cifra deplorable que inquieta a la vez que confirma, por si era necesario, el desacierto de la política desplegada en la materia por el gobierno del Frente Amplio.
El triste balance se integra con cinco presos que perecieron en el incendio de su celda en el Comcar y otro ultimado a puñaladas en esa misma prisión, a los que cabe agregar dos más que fueron abatidos durante un motín en la cárcel de Maldonado.
El noveno caso tuvo gran repercusión pública en estos días al difundirse la filmación de una feroz riña, ocurrida en un patio del Comcar, entre dos presos armados con sendos machetes, con el resultado de la muerte de uno de ellos. Lo impactante de las imágenes es que exhiben a decenas de reclusos observando pasivamente esa suerte de duelo criollo sin que en ningún momento se hiciera presente un solo guardia del penal. Alcanza con decir que la víctima del enfrentamiento fue retirada velozmente de la escena del crimen por sus propios compañeros en tanto el matador se mezclaba con los espectadores.
Todo ello sucede en un ambiente cargado de protestas tanto de los propios presos como de sus familiares, así como de los encargados de velar por la seguridad carcelaria que suelen denunciar no sólo la superpoblación, sino múltiples carencias y fallas que obstaculizan su desempeño cotidiano. Ni siquiera la esforzada labor del comisionado parlamentario para las cárceles, Alvaro Garcé, consigue mitigar esta crisis endémica en nuestro sistema carcelario.
Nadie puede culpar de esta situación al actual ministro del Interior en virtud del breve lapso que lleva al frente de esa cartera. En cambio, la responsabilidad de esta mortandad de presos pertenece por completo a un gobierno que, en sus primeras expresiones, hace casi cinco años, marcó la mejora del sistema carcelario como una prioridad. Tanto fue así que el anuncio de las prometidas reformas lo hizo el propio Tabaré Vázquez en su discurso en el Palacio Legislativo el día en que asumió la Presidencia de la República.
Ahora se constata que todo quedó en palabras y promesas. Nada más.
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