Preocupación justificada

Pablo Da Silveira

El gobierno ha propuesto al Parlamento la creación de una Agencia de Promoción y Aseguramiento de la Calidad de la Educación Terciaria a la que denomina APACET. Ese órgano se ocuparía, entre otras cosas, de evaluar a las instituciones universitarias privadas y a las carreras que dictan.

A primera vista parecería que sólo se trata de dar fuerza de ley al mecanismo de regulación vigente, fundado en un decreto del año 1995. Pero ambos sistemas sólo coinciden en mantener el curioso principio según el cual la Universidad de la República actúa como evaluadora sin ser evaluada por nadie. Por lo demás, las instituciones privadas quedan en peor situación.

En primer lugar, el directorio de la Agencia sólo incluirá un miembro propuesto por las privadas sobre un total de cinco. Otros dos serán propuestos por la Universidad de la República, otro por el futuro Instituto Universitario de Educación (una entidad que absorberá a los actuales institutos estatales de formación docente) y otro por el MEC. Esto significa un retroceso respecto de la situación actual, donde, sobre un total de ocho miembros, tres son propuestos por la Universidad de la República y dos por las instituciones privadas.

En el nuevo esquema, las dos instituciones universitarias estatales tendrán en conjunto la mayoría absoluta en todas las decisiones que afecten a sus competidores. No debe olvidarse que la Universidad de Montevideo ha sido autorizada a otorgar títulos de formación docente, lo que la convierte en competidora directa del futuro Instituto Universitario de Educación.

En segundo lugar, el Consejo Directivo de la APACET deberá consultar a la Universidad de la República en casi todas las decisiones que tome. En el sistema actual, esa consulta sólo es preceptiva cuando se trata de crear nuevas universidades. En tercer lugar, dado que la APACET será una persona pública no estatal, sus decisiones no podrán ser recurridas ante el MEC ni ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, como pueden serlo hoy. Únicamente se podrá apelar a la justicia civil, que se limitará a hacer un control de legalidad.

¿Hay razones para inquietarse ante estos cambios? Basta recorrer la historia de los últimos quince años para percibir que la Universidad de la República ha tenido una actitud hostil ante el sector privado. Esa hostilidad la llevó a recurrir el Decreto que habilitaba a funcionar a sus nuevos competidores, y a no abandonar esa actitud hasta que el Tribunal de lo Contencioso Administrativo emitió una demoledora sentencia en su contra.

La universidad estatal también acumuló durante años informes institucionales contrarios a la creación de nuevas universidades y nuevas carreras. Esos informes se dirigieron frecuentemente contra programas que luego fueron bien aceptados por el público y obtuvieron reconocimientos. Por ejemplo, la Universidad de la República se opuso tajantemente a una carrera en Ingeniería dictada por la Universidad ORT que, con pequeñas variantes, consiguió luego acreditar su calidad a escala del Mercosur.

Los impulsores de la APACET denuncian toda crítica a su propuesta como un intento de crear falsas oposiciones entre el sector estatal y el sector privado. Pero lo cierto es lo contrario. Como siempre ocurre cuando una institución monopólica ve amenazada su condición, los signos de hostilidad han provenido habitualmente desde la universidad estatal. La preocupación que genera el proyecto es entonces legítima.