Según juristas, el diálogo se impondrá en próximo gobierno

Los constitucionalistas entienden que tras el balotaje, oficialismo y oposición deberán apuntar al diálogo para dar fluidez al funcionamiento del país. El planteo cobrará más fuerza si el Parlamento y el Ejecutivo quedan en manos distintas.

La mayoría parlamentaria alcanzada por el Frente Amplio (FA) en las elecciones del 25 de octubre es un factor que determinará fuertemente la gestión del Poder Ejecutivo, tanto con una victoria de Luis Alberto Lacalle como de José Mujica en la segunda vuelta.

Para los juristas, el predominio del FA en el Parlamento obligará al Ejecutivo a negociar con la oposición, en caso de una victoria de Lacalle.

El escenario tampoco es totalmente nuevo. Desde la vuelta de la democracia y con excepción de la actual administración, "todos los gobiernos tuvieron mayoría adversa en el Parlamento. El cambio en definitiva no sería tan grande. Acá lo que sí tendríamos y que antes no se tuvo, es que habría un partido que por sí solo podría bloquear todas las iniciativas del gobierno", dijo Martín Risso, decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica (Ucudal).

Esto conllevaría al gobierno a "negociar un gran acuerdo nacional que incluyera al FA", insistió el catedrático.

Ese consenso debería darse en torno a "los grandes temas", estimó por su parte Rúben Correa Freitas, ex senador colorado y decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Universidad de la Empresa (UDE).

POTESTADES. Uno de esos asuntos a negociar sería el presupuesto, ya que el presidente puede enviar sus números pero depende del aval del Parlamento para que los montos se aprueben. De no ser así, quedaría vigente el presupuesto del período anterior.

De hecho, "todo lo relacionado con los derechos individuales, las libertades públicas, los derechos humanos, la organización pública -como la creación de nuevos organismos del Estado-, el presupuesto público y la rendición de cuentas, son temas que corresponden a la ley", al Parlamento, explicó Correa Freitas.

En ese mismo plano, el Parlamento resulta vital para que muchas iniciativas del Ejecutivo puedan materializarse.

Por ejemplo, el Poder Ejecutivo es el que decide los ascensos militares aunque requiere la venia del Senado (donde el FA contará con 16 legisladores sobre 31) para la designaciones de los coroneles y de los cargos subsiguientes en la escala jerárquica militar.

También es necesario el visto bueno de la Cámara Alta o de la Comisión Permanente para la destitución de empleados presupuestados de la Administración Central.

El nombramiento de los ministros de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), el Tribunal de Cuentas y la Corte Electoral, así como de los integrantes de los directorios de los entes se podrían ver obstaculizados si el Parlamento se opone.

Del mismo modo, el Ejecutivo designa a los fiscales letrados pero requiere la venia del Senado o de la Comisión Permanente, exigiéndose tres quintos de votos del total de componentes. Además, el Poder Ejecutivo es quien nombra al personal consular y diplomático pero se necesita la venia de la Cámara de Senadores o de la Comisión Permanente para el caso de los jefes de misión, es decir los embajadores, explicó Correa Freitas.

Incluso, el gobierno puede concluir o suscribir pactos y tratados con otros países o con organizaciones internacionales, que de todas formas deben ser ratificados por mayoría absoluta del total de integrantes de cada cámara en el Parlamento.

Pero sin duda una de las cartas más fuertes que podría jugar un Parlamento dominado por el FA ante un gobierno de Lacalle sería el bloqueo o la negativa a convalidar los proyectos de ley que remita el Poder Ejecutivo. "A menos que se pusieran de acuerdo, la mayoría de las leyes serían rechazadas por el Parlamento cuando el Poder Ejecutivo proponga" sus proyectos de ley siempre que las partes mantengan sus diferencias programáticas, expresó José Korzeniak, ex senador socialista y docente grado cinco de Derecho de la Universidad de la República.

Empero, el Parlamento tampoco "puede hacer lo que quiere; porque el Poder Ejecutivo puede vetar las leyes que apruebe el Parlamento por mayoría absoluta", remarcó Correa Freitas.

Es más, levantar el veto del Ejecutivo requiere una votación de tres quintos de miembros presentes en cada cámara. Así, con la composición del nuevo Parlamento, "la mayoría del FA no va a poder lograr aprobar leyes que contraríen la política del Poder Ejecutivo dado que el presidente perfectamente puede vetar y el FA no va a tener los votos necesarios para levantar el veto", salvo que logre un acuerdo con otros partidos, sostuvo el ex senador colorado.

Asimismo, el Poder Ejecutivo puede interponer un veto parcial y sugerir paralelamente un texto sustitutivo, dando la impronta del gobierno al proyecto de ley en cuestión.

En este contexto, la figura del decreto presidencial también podría tener una mayor preponderancia. No obstante, existe un límite para su aplicación. Korzeniak marcó que "el decreto en Uruguay reglamenta a la ley, como la ley reglamenta a la Constitución. No puede el decreto ir contra lo que dice la ley", señaló.

Otra de las potestades del Presidente es la posibilidad de observar el voto de censura a un ministro por parte de la Asamblea General siempre que haya sido aprobado por dos tercios del total de sus integrantes.

Si la censura fue aprobada por una proporción mayor a los dos tercios, el presidente no la puede observar.

En tanto, si la Asamblea General mantiene el voto de censura por menos de tres quintos del total de componentes, el presidente puede decretar la continuidad del ministro censurado, disolver las cámaras y convocar a nuevas elecciones parlamentarias. De todas formas, la disolución de las cámaras se trata de "un procedimiento que tiene que iniciarse necesariamente en una de las dos cámaras" al promoverse la censura, recalcó Risso.

Para Korzeniak -quien manifestó su convencimiento de que el FA ganará en el balotaje- estas hipótesis sobre la incidencia de la mayoría parlamentaria del FA se están utilizando tanto por el Partido Nacional como por el oficialismo con fines electorales.

En cualquier caso, los juristas consultados por El País coincidieron en que los partidos tienen que negociar y llegar a acuerdos para dar fluidez a la acción legislativa y ejecutiva.

El planteo trasciende la victoria de uno u otro candidato en la segunda vuelta. El diálogo debe darse también si el partido que logró la mayoría parlamentaria alcanza la Presidencia. No hay que olvidar que "la Constitución tiene hipótesis donde se exigen mayorías especiales", remató Korzeniak.

Censura a ministro de Pacheco

"En Uruguay hubo una sola censura en toda su historia", recordó el jurista José Korzeniak. El ex senador dijo que el antecedente se produjo durante el gobierno de Jorge Pacheco Areco (1967-1972), e involucró al por entonces ministro Jorge Peirano Faccio. La Asamblea General censuró a Peirano por tres quintos (con respaldo de legisladores colorados), lo que provocaba la salida del ministro sin disolución de las cámaras ni convocatoria a elecciones parlamentarias. Al final, el presidente Pacheco aceptó la censura y la salida de Peirano pero lo designó en otra cartera.