Argentina rechazó denuncias; son "infundadas" e "inoportunas", dijo
Botnia. Polémica tras informe sobre alteración de documentos en La Haya
Argentina reaccionó ayer con dureza a la denuncia de Uruguay de que había adulterado documentos en su presentación ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya, donde ambos países dirimen un pleito por la instalación de Botnia.
Un comunicado de la Cancillería argentina afirmó que las acusaciones contenidas en un informe que la Dirección Nacional de Medio Ambiente (Dinama) presentó el jueves en Fray Bentos, son "inaceptables, infundadas e inoportunas".
En el informe de la Dinama, presentado por su directora Alicia Torres a la comisión de seguimiento de Botnia, y que fue elaborado por la defensa uruguaya, se afirma que Argentina, para intentar fundamentar sus acusaciones contra Uruguay de que violó el Tratado del Río Uruguay al autorizar la instalación de Botnia, "recurrió a afirmaciones contradictorias con la realidad, a sesgar y manipular datos, a la adulteración de documentos e, inclusive, a infringir el reglamento de la propia Corte" de La Haya.
La respuesta argentina fue igual de dura. En un comunicado difundido ayer por su Cancillería, el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner rechaza el contenido del informe uruguayo. "La Argentina rechaza las inaceptables, infundadas e inoportunas declaraciones de funcionarios uruguayos que reflejan medios de prensa de ese país", comienza el comunicado.
Luego agrega que tanto el 30 de junio, cuando se presentó un informe científico "muy sólido", así como en los alegatos y pruebas presentados durante las audiencias orales que tuvieron lugar en La Haya desde los días 14 de septiembre a 2 de octubre, "nuestro país (por Argentina) demostró y llevó a conocimiento de la Corte Internacional de Justicia que la planta de Botnia ya está contaminando el ecosistema del río Uruguay, que se encuentra utilizando o ha utilizado en su proceso de producción y de limpieza productos prohibidos en la Unión Europea y otros países y que cuenta con un monitoreo insuficiente por parte de las autoridades uruguayas", enfatiza.
El gobierno argentino señala en su comunicado que le "llama la atención que las citadas declaraciones uruguayas se produzcan después de terminadas las audiencias y a través de la prensa", sobre todo si se tiene en cuenta, agrega, que Uruguay -por ser la parte demandada- habló en último término, tanto en la primera como en la segunda ronda de alegatos, y que, en esas oportunidades las pudo haber respondido y planteado todas las cuestiones y aspectos que considerara necesarios.
Según el gobierno argentino, Uruguay "no habría tenido el tiempo suficiente para rebatir los numerosos argumentos argentinos" y calificó a las denuncias -"efectuadas de forma tardía y en un ámbito que no corresponde"- como "meras cortinas de humo que no alcanzan a disimular la irrefutable evidencia sobre la afectación del río Uruguay por parte de una empresa autorizada unilateralmente por el Uruguay en violación flagrante del Estatuto del Río Uruguay". El comunicado argentino concluye que las declaraciones de la Dinama "contradicen el necesario clima de serenidad y juego limpio en el que las partes deberían esperar el pronunciamiento del Alto Tribunal de Naciones Unidas" y asegura que Argentina "no dejará de poner en conocimiento de la Corte", este entredicho.
El embajador argentino Hernán Patiño Mayer, no quiso hablar ayer sobre este nuevo choque entre ambos países. "Lo que hay para decir ya lo dice el comunicado (de la Cancillería), no tenga nada más para agregar", dijo Patiño a El País.
En el informe de la Dinama, bajo el subtítulo "Una confusión peligrosa", se afirma que según Argentina los datos presentados por Uruguay no eran confiables. "Sin embargo, el último día de la última ronda de exposiciones, en los últimos 10 minutos de la última presentación ambiental, se usaron datos uruguayos. Y de una manera muy particular", agrega la Dinama. "A partir de datos de OSE, Argentina afirmó que los efluentes de Botnia habían dañado la calidad del río y violaban los límites establecidos por la CARU (Comisión Administradora del Río Uruguay) para el parámetro `oxígeno disuelto`", afirma.
"Pero los datos utilizados eran de `oxidabilidad`, no de `oxígeno disuelto` y, aun cuando a ojos inexpertos puedan sonar más o menos parecido, significan casi lo contrario", explica.
"El oxígeno disuelto es fundamental para que haya vida en el río. Cuanto más haya, mejor. La oxidabilidad refiere a la cantidad de materia orgánica presente en el agua; la oxidación de materia orgánica consume oxígeno así que cuanto más baja sea, mejor. Los datos de OSE que mostraban una buena calidad del agua (baja oxidabilidad) fueron presentados como `prueba` de la mala calidad (escaso oxígeno disuelto)...", concluye el informe de la Dinama.
En ese tribunal internacional se está juzgando la supuesta violación del Estatuto del río Uruguay cometida por el gobierno uruguayo al autorizar la construcción de las plantas de M`Bopicuá (ENCE) y de Botnia en las proximidades de Fray Bentos. Su veredicto se aguarda para marzo o abril de 2010.
Por otra parte, Botnia informó que desde el 3 de noviembre la fábrica se paralizará para tareas de mantenimiento que pueden derivar en episodios de mal olor "tanto al inicio de la parada, como en el reinicio de la operativa" y que "en ningún caso afectará la salud de las personas". Durante diez días, expertos extranjeros y uruguayos trabajarán en la corrección de los equipos.
Aval de informe independiente
Uruguay presentó ante la Corte de La Haya todos los estudios de ingeniería y de evaluación del impacto ambiental realizados antes de la operación de la planta de Botnia.
Las predicciones de estos estudios fueron verificadas luego, con la aplicación del Plan de Seguimiento diseñado, en la etapa de operación de la planta de Botnia.
Uruguay no sólo monitorea el desempeño de la planta sino que continúa -en la jurisdicción nacional- el plan de control de la calidad del río que debería estar cumpliendo la CARU.
Las conclusiones de Uruguay han sido avaladas por los únicos informes técnicos independientes que se presentaron ante la Corte, los realizados por Ecometrix a instancias de la Corporación Financiera Internacional (del Banco Mundial).
"Se evaluó el sistema de permisos aplicado por la Dinama y se lo consideró práctico y riguroso", afirmó Ecometrix en su análisis.
"A través del programa de monitoreo del medio receptor y el proceso de renovación de permisos de la Dinama se garantizará que las plantas de celulosa propuestas tengan un impacto mínimo en el medio receptor. Comparadas con otras jurisdicciones se observó que las normas de la Dinama están entre las más estrictas del mundo", agrega la consultora independiente Ecometrix.
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