Juicio a Casal por venta de bienes

La Dirección General Impositiva (DGI) maneja indicios respecto a que el contratista Francisco Casal -que fue embargado el año pasado por US$ 25 millones- vendió algunos bienes inmuebles con el objetivo de insolventarse, ante la eventualidad de que se determine que efectivamente debe tributos al organismo.

Por ese motivo, la DGI presentó una demanda ante la Justicia Civil para evitar que el empresario continúe vendiendo propiedades que, eventualmente, podrían ser consideradas como el patrimonio que se utilizaría para saldar la deuda, que entre multas y recargos, rondaría los US$ 100 millones.

Estas nuevas acciones de la DGI contra el empresario fueron presentadas hace varios meses, e informadas por el director del organismo, Nelson Hernández, al declarar a principios de octubre ante el juez de crimen organizado Jorge Díaz, quien investiga presuntas irregularidades de parte de la DGI al demorar más de seis años el trámite interno del caso, según informó ayer el semanario Búsqueda.

Hernández dijo ante el juez Díaz que Casal "aceptó en el juicio civil la restitución de su patrimonio".

Fuentes del entorno de Casal dijeron a El País que el tema "ya fue solucionado". Agregaron que se trató únicamente del caso de una casa que el empresario heredó tras la muerte de su madre, cuyos derechos sucesorios cedió a uno de sus hermanos.

Sin embargo, desde la DGI se indicó que "el tema no está solucionado, porque todavía está en trámite el juicio". Según fuentes del organismo consultadas por El País, no se trata solamente de la propiedad que Casal heredó de su madre, sino que podrían estar involucrados "varios bienes" enajenados por el empresario.

Los informantes añadieron que la demanda se inició luego de "estudiar los últimos movimientos" de Casal. Se evalúa si esas ventas fueron reales o se trata de transacciones simuladas.