Diputados aprueban la Ley de Extranjería

MADRID | AFP Y AP

La nueva Ley de Extranjería española ya tiene media sanción. Aunque se reconocen nuevos derechos, varios colectivos de extranjeros insistieron en que la reforma planteada por el gobierno es una mala noticia.

Con votos del PSOE y de otros tres partidos pequeños, el Congreso aprobó ayer una ley que modificaría las regulaciones a la inmigración en España.

La nueva reglamentación, que aún no ha sido aprobada por los senadores, extiende de 40 a 60 días el período de detención de los inmigrantes ilegales antes de su expulsión a su país de origen.

Asimismo, el proyecto recrudece las condiciones de reagrupación de las familias de inmigrantes ilegales, que quedará limitada a los hijos menores de 18 años o mayores con discapacidad, y a padres mayores de 65 años. Para realizar los trámites hace falta 5 años de residencia, y no uno, como hasta ahora.

Esta medida pretende frenar la llegada de personas en edad de trabajar cuando el país tiene una tasa de desempleo de 17,9%. Con este fin se recrudecen las sanciones a empresarios que contraten ilegales.

En el capítulo de ampliación de derechos, el Congreso introdujo una importante enmienda, solicitada por organizaciones sociales, que permitirá a las administraciones públicas y ONG hacerse cargo de la tutela de los menores inmigrantes que llegan a España solos y visitar a los detenidos.

Además, los hijos de ilegales que tengan entre 16 y 18 años recibirán un permiso de trabajo de forma automática, un beneficio que no existía hasta ahora.

Mientras el PSOE votó la propuesta, el PP y los partidos minoritarios de izquierda se opusieron y pidieron una regulación más dura, anunciando cambios si llegan al gobierno.

Rafael Hernando, portavoz del PP, aseguró que esta reforma no controla las inmigraciones masivas y no servirá para frenar las "avalanchas" de inmigrantes en situación irregular. Planteó que la ley desaprovechó la ocasión de cambiar el actual modelo migratorio, responsable de que España se haya convertido en el "cola-dero" de ilegales de la Unión Europea (UE).

La Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) se manifestó en contra del proyecto. "Hay importantes restricciones que afectarán gravemente a las personas inmigrantes``, sostuvo en un comunicado.

En España residen 4,5 millones de inmigrantes, el 12% de la población. El 27,5% de los desempleados de España es extranjero.