Dos plebiscitos fallidos

ANTONIO MERCADER

Guste o disguste, hay que convencerse de que la ley de caducidad es la norma que mayor apoyo popular ha recibido, directa o indirectamente, en la historia uruguaya. Más allá de su justicia o injusticia intrínseca, y de la opinión que cada uno tenga sobre esa ley que bloqueó los juicios a militares y policías por delitos contra los derechos humanos, lo cierto es que, 23 años después de su sanción, resultó confirmada una vez más en el plebiscito del domingo pasado.

En efecto, la ley 15.848, pomposamente denominada "de caducidad de la pretensión punitiva del Estado", fue aprobada por el Parlamento a fines de 1986, cuando el país procuraba consolidar su democracia y desembarazarse de los últimos resabios de la tutela militar. Tres años después, alegando que la ley había sido votada bajo presiones de un poder castrense aún amenazante, sus normas fueron sometidas al soberano y aprobadas por una mayoría de ciudadanos en uno de los plebiscitos más publicitados y discutidos que se recuerden. A pesar del respaldo entonces recibido, veinte años después de aquella ratificación popular, la ley de caducidad, puesta otra vez a consideración del cuerpo electoral en los comicios del domingo pasado, se mantuvo incólume.

Antes de descargar su ira sobre la oposición -como ya lo hizo alguno- convendría que sus impulsores, casi todos frenteamplistas, propiciaran un período de autocrítica en la izquierda para analizar las razones de esta invulnerabilidad de la ley de caducidad.

Entre otras cosas deberían recordar que la derogación o anulación de esta ley no figuró en el programa del Frente presentado en las elecciones de 2004, ese que Tabaré Vázquez definió alguna vez como una suerte de biblia personal. Es decir que el partido de gobierno nunca planeó desplegar una campaña como la que luego propulsaron el Pit-Cnt y familiares e hijos desaparecidos.

Tan evidente fue esa abstención que ni el propio Vázquez ni su candidato a sucederlo José Mujica, se extremaron demasiado en pro de ese plebiscito. Mujica en particular se había declarado más de una vez contrario a la propuesta anulatoria de la ley hasta que un día, por pura "bronca" según aclaró, firmó la convocatoria al plebiscito. (La "bronca" le sobrevino después que tuvo que ir varias veces a declarar en los juzgados y, a modo de vendetta -no se sabe contra quién-, optó por plegarse al movimiento). Además, basta pegarle un vistazo a los discursos de campaña de Mujica y Astori para verificar que apenas si mencionaron el asunto.

Digamos de paso que también fracasó el otro plebiscito convocado para el domingo, el del voto epistolar, cuya aprobación, según las encuestas, parecía más factible. Sin embargo, los defectos de redacción de la reforma constitucional propuesta así como los riesgos que la iniciativa entrañaba para el sistema electoral, justifican su malogro. Es bueno resaltar que en este caso la oposición desplegó su artillería contra la reforma propuesta a través de debates en los medios en donde el diputado nacionalista Jorge Gandini llevó la voz cantante y, finalmente, por medio de un sólido comunicado emitido por un conjunto de adherentes a los partidos tradicionales.

Si en el caso de la ley de caducidad al oficialismo le faltó comprometerse a fondo con la iniciativa, está claro que la propuesta del voto epistolar encontró un obstáculo insalvable en los argumentos de la oposición. Lo cual prueba que, en materia de plebiscitos, a la izquierda no le alcanza con prender el automático.